Cristian Reino
Barcelona
Miércoles, 6 de julio 2022, 14:56
Los miembros secesionistas de la Mesa del Parlament, como sus antecesores, se podrían enfrentar a una nueva causa por desobediencia. En pleno debate sobre si debe dimitir por el caso de los contratos adjudicados a un amigo durante su etapa como directora de la Institució ... de les Lletres Catalanes (ILC), la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha ignorado este miércoles al Tribunal Constitucional y ha mantenido la delegación del voto al diputado de Junts, Lluís Puig, huido en Waterloo junto a Puigdemont. Su situación procesal se complica por momentos.
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El Constitucional, tras un recurso del PSC, anuló días atrás el voto delegado de Puig, acordado en el mes de marzo pasado. Aun así, la mayoría independentista de la Mesa (con los votos de ERC, Junts y la CUP) ha desoído la decisión del Constitucional y ha permitido votar, por delegación, al exconsejero de Cultura, a pesar de que los servicios jurídicos habían advertido a los miembros independentistas de la Mesa de posibles consecuencias por usurpación de funciones y desobediencia. La Mesa ha rechazado este miércoles por la mañana la petición de reconsideración planteada por PSC, Vox, Cs y PP y Borràs ha consumado el desafío: «El voto será sumado al cómputo de votación en base al sentido del voto que indique la portavoz de su grupo parlamentario, a quien tiene delegada su votación», ha afirmado antes de la primera votación del pleno de esta semana en la Cámara catalana.
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Borràs ha contabilizado verbalmente el voto de Puig, pero en cambio no se ha registrado electrónicamente y no ha aparecido en el marcador luminoso del Parlament, lo que deja dudas sobre si finalmente será registrado como tal en el diario de sesiones y en el boletín oficial del Parlament o si ha formado de una nueva 'performance' de los nacionalistas para tratar de hacer ver que estaban permitiendo su voto cuando en realidad no lo hacían. Está por ver, y es que desde la votación hasta la publicación oficial de los resultados, existe un trámite administrativo que tienen que realizar los funcionarios, que no desobedecerán la orden del Constitucional.
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