La dimisión de la vocal Concepción Sáez acrecienta la «degradación» del CGPJ

Sáez, que justificó su marcha por el desgaste que supone la interinidad de más de cuatro años que vive el órgano, dimite en medio de un ambiente cada vez más enrarecido, sin esperanza de una renovación a corto plazo y con una «degradación» galopante en detrimento de la imagen del Poder Judicial.

Con su abandono, el sector progresista suma ahora seis vocales por diez de los conservadores y el designado a iniciativa del PNV, Enrique Lucas. A este panorama se suma la jubilación forzosa del presidente Mozo, también progresista, dentro de tres meses al cumplir 72 años. De forma previa se jubiló otro consejero, el conservador Rafael Fernández Valverde, falleció la progresista Victoria Cinto y dimitió el presidente Carlos Lesmes.

Mozo deberá remitir ahora la renuncia de Sáez al Ministerio de Justicia para que se redacte un real decreto, que deberá ser firmado por el Rey y refrendado por la ministra Pilar Llop, para su eventual publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según han precisado, hasta entonces no se hará efectiva la dimisión.

La decisión tiene lugar después de que ayer quedara sin resolver la solicitud de Sáez, pese a que en el orden del día del pleno ordinario celebrado se contempló la «dación de cuenta» de la renuncia individual presentada por la vocal y el «análisis de la situación actual» del CGPJ tras la iniciativa lanzada por el vocal Álvaro Cuesta para propiciar una dimisión en bloque del grupo progresista con la que forzar la renovación del Consejo.

En la carta enviada a Mozo el pasado 13 de marzo, que se conoció la semana pasada, Sáez apuntaba a la «insostenible» situación del Consejo, tanto por la interinidad que sufre desde el 4 de diciembre de 2018 como por las tensiones internas. En las opiniones expresadas ayer hubo matices, ya que mientras algunos criticaron directamente su dimisión, otros discreparon pero respetando su libertad para dar este paso.

Desde el bloque progresista, algunos vocales aprovecharon el debate plenario para manifestar lo que ya dijeron en la reunión del pasado martes (cuando se descartó la renuncia colectiva), esto es, que no abandonarán el cargo.

El consejero más señalado es Álvaro Cuesta, exdiputado socialista, que fracasó en su intenso de paralizar la actividad del pleno y que ahora, con el visto bueno para que se vaya su compañera Sáez, le deja en una situación delicada si decide mantenerse en el Consejo con todas sus retribuciones intactas: unos 125.000 euros brutos anuales.