EH Bildu dio este martes por sentado que el Gobierno cumplirá el acuerdo alcanzado la semana pasada con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que la prórroga del plan anticrisis que el Consejo de Ministros aprobará a finales de ... mes incluya un aumento del 15% para las pensiones no contributivas. La portavoz de la formación en el Congreso, Mertxe Aizpurua, aseguró que «todo se mantiene como estaba», a pesar de que su homologo socialista, Héctor Gómez, y la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, evitaron en sendas declaraciones a media mañana ratificar esa posición. «Vamos a ver; seguimos hablando», matizó el primero. Al final del día, los vientos variaron a favor de los independentistas, socios clave en estos momentos para el Gobierno.
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En el Ejecutivo y en el PSOE existe un hondo malestar con el ministro Escrivá, tal y como publicó el martes este periódico, por el modo en que ha gestionado la negociación de un asunto tan sensible. Le acusan de haber actuado de manera unilateral, sin contar siquiera con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, para amarrar la abstención de los secesionistas vascos en la votación en comisión del dictamen de la ley que regula el fondo de promoción pública de planes de pensiones de empleo en empresas. Una votación cargada de sobresaltos en parte, dicen fuentes socialistas, por el proceder del departamento de Seguridad Social.
El enfado era de tal envergadura que en Moncloa no dudaron en los últimos días en hacer explícitas en privado sus reticencias a que la medida, que afectaría a algo más de 445.000 personas y tendría un coste de 29,2 millones de euros más al mes (204 millones si, como recogía el acuerdo, se extendiera hasta el 31 de diciembre), se incorpore en el real decreto ley que ya preparan los ministerios competentes para alargar tres meses más medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante repostado, la rebaja del IVA de la luz o una subida del 15% en el Ingreso Mínimo Vital.
Este martes, las conversaciones entre Bildu y la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se intensificaron y, según aseguran tanto fuentes de la formación secesionista como del ala socialista, el Gobierno se ha comprometido a cumplir lo pactado en sus términos. El relato sobre cómo se llegó a ese punto, sin embargo, difiere en un caso y el otro. La parte gubernamental explica que los vascos advirtieron de que estaban dispuestos a votar en contra la ley de Escrivá mañana en el pleno, lo que podría amenazar su aprobación. Bildu sostiene que en ningún caso ha lanzado amenazas ni ultimátums.
Con todo, en el Gobierno admiten que este asunto ha generado notables tensiones internas y que la inclusión de un alza para las pensiones no contributivas en el decreto anticrisis suscita recelos en Hacienda. Fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero remarcaron este martes a este periódico que nadie de su departamento ha hablado con Bildu sobre el asunto y que toda la negociación previa corrió a cargo de Escrivá.
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La prueba de las reticencias socialistas está en la cautela mostrada por los portavoces del Gobierno y el grupo parlamentario socialista. «Seguimos hablando con los grupos. Queda un mes aún para ese decreto del que me habla -respondió Héctor Gómez a la pregunta concreta de si se cumplirá lo pactado con Bildu- y estamos hablando de matizar algunos aspectos...». Rodríguez también evitó de un modo muy claro confirmar que el pacto de Escrivá y Bildu fuera a formar parte del nuevo plan para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. «Estamos en fase de trabajo, valoración y análisis y no conviene aventurarse. El tiempo nos ha enseñado que conviene ser prudente en las decisiones», dijo tras el Consejo de Ministros.
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