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Barones y cargos territoriales del PP se apresuraron este miércoles, antes de que concluyera la negociación con Vox, a subrayar las líneas rojas que el partido conservador no debía traspasar. En público y en privado, se plantaron ante las reivindicaciones de la extrema derecha, ... especialmente en materia de género, y rechazaron la derogación de la ley andaluza que persigue las agresiones a mujeres. Pese a la llamada de la cúpula desde la calle Génova a la discreción, dirigentes populares quisieron dejar claro su profundo desacuerdo con los planteamientos de su socio parlamentario, de momento en Andalucía.
Como exministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso censuró que el partido de Santiago Abascal no haya asumido que la lucha contra la violencia machista sea una política de Estado y no una carta que jugar en una negociación. «Me parece que a Vox le falta un hervor -reprochó el presidente del PP vasco-, porque es incapaz de salir de su actitud de demagogia y propaganda». Un sentir, que más allá de la expresión empleada, se comparte en las organizaciones territoriales del partido.
Si el martes fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien marcó distancias con Vox en esta materia, la líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, insistió este miércoles en una entrevista en la cadena Ser en la «realidad objetiva de que las mujeres están siendo maltratadas» y abogó por «apartar» del debate este asunto y no dar nunca «un paso atrás» contra esta lacra social.
Fuentes conservadoras consideraron «saludable y necesario» que se hayan multiplicado las voces que en el PP se desmarcan de las demandas de Vox. Señalaron como un error que el equipo de Pablo Casado, con el presidente a la cabeza, se «enredara» hasta el punto de ampliar el debate a la «violencia doméstica» para acabar recibiendo del partido de Santiago Abascal un documento «imposible».
Ese, de hecho, no es el único punto del texto que incomodaba al PP. Los populares rechazaron la devolución de competencias al Estado o la derogación de la normativa que en Andalucía garantiza los derechos de las personas LGTBI. Los consejeros de Castilla y León y La Rioja, Fernando Rey y Alberto Galiana, defendieron la gestión autonómica de la Educación. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, confesó que él no firmaría, «por muchas circunstancias», el listado de Vox.
La cúpula del PP, mientras trabajaba por rebajar las exigencias de su aliado, pidió cautela y prudencia a sus barones. «Lo que les digo a todos los dirigentes regionales, locales y provinciales es que dejen a la dirección nacional y a la de Andalucía llevar estas negociaciones -reclamó la secretaria de Comunicación, Isabel Díaz Ayuso, en TVE- y que nos abstengamos de estar todo el rato comentándolo todo en tiempo real, porque esto tampoco ayuda».
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