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Aunque Pablo Casado se ha reservado para este miércoles en el Congreso la posición definitiva del PP sobre la renovación del estado de alarma, los movimientos en el partido apuntan a que los populares podrían facilitar una última prórroga. Presidentes autonómicos, como el líder gallego, ... Alberto Núñez Feijóo, o la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, modularon su discurso para conceder al Gobierno un «tiempo para organizarse» y articular un nuevo marco legal con el que administrar la crisis sanitaria y sus derivadas. Para otorgar ese margen bastaría con una abstención del grupo parlamentario.
En las estructuras del PP consideran que el voto a favor es ya «difícil de justificar», dado que el partido ha retirado su apoyo al estado de alarma como instrumento para seguir administrando la emergencia del coronavirus. Pero «pasar del sí al no» es un «salto» que, según los cargos consultados, exige construir un relato previo sobre el que sustentar el cambio de posición. Una ruptura repentina, señalan, no se entendería. Sobre todo, sin un nuevo paraguas legal que ampare las restricciones durante la fase de la desescalada.
Pese a todo, el PP ha meditado en las últimas horas hasta dónde llevar su desacuerdo con el Ejecutivo. Los populares han recorrido mentalmente la distancia entre votar en contra de la prórroga de la excepcionalidad o abstenerse. Y si bien consideran que el rechazo explícito podría responder al malestar de los suyos con el Gobierno, sobre todo al que transmiten «las bases» del partido, varios dirigentes se inclinan por una abstención que permita manifestar la crítica y lanzar un «mensaje de advertencia» sin poner en riesgo la cobertura de las limitaciones de movilidad. El confinamiento y la imposibilidad de tránsito entre provincias, recuerdan, a día de hoy, está amparado por el decreto de alarma. La decisión final, en todo caso, sólo se conoce en la sala de mandos de la calle Génova.
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La cúpula del PP y buena parte de sus organizaciones territoriales creen que podría encontrarse una alternativa para conducir el proceso hacia la normalidad sin necesidad de prorrogar «sine die» la declaración de excepcionalidad, que permite al Gobierno manejarse, dicen, como si contara con «mayoría absoluta». Pero ha calado la idea de que se requiere tiempo para gestionar un cambio de modelo como el que defienden.
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ya habló de finales de mayo como horizonte para poner fin al decreto de alarma. Y Núñez Feijóo aceptó este martes, tras conversar con la número dos del Gobierno, Carmen Calvo, que el Ejecutivo necesite un margen temporal. «Eso es más entendible –trasladó en Twitter– que las razones expuestas públicamente hasta ahora».
Las incógnitas sobre el estado de alarma
Ninguno comparte, en todo caso, que, como defienden los miembros del Consejo de Ministros, las compensaciones económicas y las prestaciones por los ERTE exijan la continuidad del estado que se decretó el 14 de marzo. Consideran que deberían estar vinculadas a la situación extraordinaria o a la salida de la crisis. De hecho, el PP ha presentado ya una enmienda en el Congreso en ese sentido.
Más debate hay en el partido sobre cómo podría restringirse la circulación sin la declaración de alarma, aunque Casado insiste en que leyes como la de Salud Pública, la de Protección Civil o la de Seguridad Nacional servirían para apuntalar un mando único sanitario o limitar la movilidad de los ciudadanos.
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