Bárcenas revela que le ofrecieron medio millón en negro por manipular sus papeles

Bárcenas ha declarado que el abogado Javier Iglesias, cercano a la cúpula del partido, se reunió con él en febrero de 2013 y le ofreció 500.000 euros en efectivo. Una cantidad «que aportarían empresarios» para llevar a cabo esta operación y cerrar, además, su litigio laboral abierto con el PP desde 2010. «Me plantearon que volviese a repetir esos documentos, variando conceptos y cantidades a declarar con el objetivo de publicarlos y provocar la duda en la opinión pública», ha manifestado Bárcenas.

Iglesias es un letrado que ha estado en un segundo plano en diferentes conflictos judiciales abiertos contra el PP, como el 'caso Gürtel' o el 'caso Villarejo'. Bárcenas le sitúa, además, entre las personas que le hicieron llegar en prisión, en julio de 2013, que si guardaba silencio su mujer, Rosalía Iglesias, no acabaría en la cárcel. Una falsa promesa ya que desde noviembre de 2020 la acusada ya cumple condena firme en la cárcel también por 'Gürtel'.

En cualquier caso, este ofrecimiento llevó a Bárcenas a tomar decisiones importantes para no dañar al partido, como la retirada de su acusación contra altos cargos del PP en la causa por la destrucción de los ordenadores, en 2016. Unos equipos que usó en la sede nacional de Génova 13, en Madrid. El juzgado acabó absolviendo a los acusados.

En su declaración de este lunes, el extesorero ha dado veracidad, además, a la existencia de la llamada «contabilidad extracontable» en el partido y ha confirmado el pago de sobresueldos a dirigentes populares con esa caja ajena al Tribunal de Cuentas. Bárcenas ha afirmado que el sistema lo creó el entonces secretario general Francisco Álvarez-Cascos y ha señalado a sus receptores: Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Federico Trillo, Pedro Arriola, Ángel Acebes o Rodrigo Rato. De estos dos últimos ha señalado que no les dio sobre con el dinero, pero sí cobraron.

Del mismo modo, ha relatado al tribunal un hecho que afectaría a Rajoy y a Cospedal. A preguntas del fiscal anticorrupción Antonio Romeral, el acusado ha contado que sus anotaciones de la 'caja B' concluyeron en 2009, cuando las arcas estaban a cero por una serie de anticipos a organizaciones territoriales. Pero un año más tarde, al recibir un donativo de un empresario por valor de 50.000 euros, él mismo metió la mitad en dos sobres y se los entregó a sus jefes en el PP, que llevaban un tiempo sin recibir sobresueldo alguno.

Antes de realizar esta manifestaciones, la Sala ha rechazado el careo entre Bárcenas y Rajoy, solicitado por la defensa del primero en las cuestiones previas de la vista oral. El tribunal presidido por José Antonio Mora ha explicado que valorará la credibilidad de las declaraciones que presten los testigos, en referencia al expresidente del Gobierno y del PP, sin practicar esa diligencia. Por lo tanto, el extesorero no va a poder defender su confesión ante la Fiscalía Anticorrupción frente a la versión contraria de Rajoy.

El tribunal, además, ha confirmado que el PP se sentará en el banquillo como persona jurídica por su condición de responsable civil. Es decir, una representante legal tendrá que contestar a las preguntas de las partes. La elegida es la abogada María Massó, según adelantó este periódico, que trabaja en el mismo despacho que el abogado que defiende al partido, Jesús Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional.

La sesión de este lunes ha comenzado con un Bárcenas liberado. El exsenador asume su nuevo rol en el 'caso Gürtel' y está dispuesto a dar un paso adelante para confirmar la existencia de una contabilidad paralela durante casi dos décadas, 1990-2009. La Sala examinará su gestión de la tesorería al margen del Tribunal de Cuentas, que él mismo y su antecesor Álvaro Lapuerta, ya fallecido, manejaban en solitario, según el acusado.

Pese a que Anticorrupción minimizó su escrito de confesión remitido al Ministerio Público a principios de febrero -«aporta escasas novedades, ninguna sustancial», contestaron-, Bárcenas llega a la sesión del juicio sobre el pago de las obras de la sede del PP con un horizonte personal y procesal más despejado. «Sin nada que perder», admiten en su entorno.

A saber, el exsenador estrena nueva estrategia de defensa con su abogado Gustavo Galán. El mismo letrado que ha logrado que su mujer, Isabel Jordán, antigua gestora de las empresas de Francisco Correa, cerebro confeso de 'Gürtel', esté en semilibertad con control telemático pese a una condena de casi 15 años de cárcel. El motivo fue su colaboración activa con la justicia, que le valió una «atenuante muy cualificada» en su pena.

Otro de los motivos de la redención de Bárcenas es la situación de su esposa. Rosalía Iglesias se encuentra en prisión desde noviembre pasado cumpliendo castigo por la pieza principal de la trama corrupta (siete años de cárcel efectivos). El futuro de Iglesias siempre fue la línea roja que marcó el extesorero popular para definir su camino.

Esto supuso señalar ante Anticorrupción a los presuntos receptores de sobresueldos en negro en la cúpula popular y detallar el funcionamiento de la 'caja B'. Es decir, revelar las llamadas «donaciones finalistas» de empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública por parte de administraciones gobernadas por el PP. Unos hechos que se instruyen en la actualidad en la segunda pieza separada de los llamados 'papeles de Bárcenas'.

Finalmente, otros dos hechos conocidos de forma reciente hacen que Bárcenas vea el horizonte procesal con mayor claridad. El tribunal ha fijado en 12 años el cumplimiento máximo efectivo de prisión. Esta cuantía corresponde al triple de la pena más alta impuesta en la condena por la pieza principal de 'Gürtel', en este caso por blanqueo de capitales y delito fiscal. Hasta hoy ha cumplido más de cuatro años de cárcel entre preventiva y firme, y ya puede acceder a los primeros permisos de salida.

En segunda lugar, hace dos semanas se supo que el extesorero accedía a que el tribunal repatriara sus 22 millones de euros bloqueados en bancos de Suiza desde 2013. Un gesto que sirve para reparar más de la mitad de la multa impuesta en la condena. En suma, otro movimiento más en busca de beneficios dentro de su nueva estrategia procesal.