Bárcenas deberá pagar 60.000 euros a Del Rivero por relacionarle con la contabilidad B del PP

Este decreto, fechado el 9 de enero llega después de que en 2022 el Tribunal Supremo confirmara que Bárcenas debía indemnizar con esa cantidad a Del Rivero por intromisión ilegítima en su derecho al honor.

Los magistrados del alto tribunal inadmitieron el recurso que presentó Bárcenas «por carencia manifiesta de fundamento» y ratificaron la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó por haber vinculado a Del Rivero con los 'papeles de Bárcenas' sin prueba alguna.

El caso llegó al Supremo después de que el empresario presentara una demanda, en el marco del 'caso Gürtel' --entre 2004 y 2011--, contra el extesorero del PP por hacer «diferentes manifestaciones» y presentar «documentaciones» para vincularle con los denominados 'papeles de Bárcenas'.

Del Rivero aseguró que Bárcenas faltó a la verdad, «no sólo en las actuaciones realizadas ante el órgano jurisdiccional sino también mediante manifestaciones difundidas a través de diarios de ámbito nacional».

Según la demanda, el excargo del PP dijo que el entonces presidente de Sacyr Vallerhermoso había realizado pagos y donaciones al partido, asentados en una supuesta contabilidad oculta manuscrita. Del Rivero, además, acusó a Bárcenas de haber «vertido extrajudicialmente» a la prensa «repetidas declaraciones» en las que le implicó en el supuesto pago de una comisión ilegal por obtener la concesión de un contrato de recogida de basura en Toledo.

Asimismo, el empresario incidió en que Bárcenas también dijo a los medios que él, como presidente de Sacyr, habría intentado ejercer presión sobre el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el entonces presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo --actual presidente del partido-- para conseguir adjudicaciones.

Del Rivero pidió que se condenara al extesorero del PP, por intromisión ilegítima en su derecho al honor, a publicar la sentencia en tres medios de alcance nacional y a abonar 300.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

Bárcenas negó haber vulnerado el derecho al honor del empresario. Alegó que la supuesta contabilidad manuscrita del PP que publicó un medio impreso «no fue entregada» por él, sino por un abogado y diputado de la formación. Y en cuanto a las supuestas influencias de Del Rivero en Rajoy y Núñez Feijóo, dijo que era verdad lo que había publicado la prensa.

La Justicia ya dio la razón en 2021 a Del Rivero al considerar que los actos cometidos por Bárcenas sí habían supuesto una intromisión ilegítima del derecho al honor de Del Rivero y condenó al extesorero del PP a indemnizar al empresario con 60.000 euros; acordó, además, que era necesario que los medios involucrados publicaran la sentencia.

En aquella ocasión, la sentencia señaló que no había pruebas de que Del Rivero hiciera donaciones al PP a cambio de favores ni que hubiese viajado a Galicia para tratar de conseguir una adjudicación.

Aunque Bárcenas presentó recurso, la Audiencia Provincial de Madrid lo desestimó y confirmó la resolución. Los magistrados aseguraron que la imputación de hechos que hizo Bárcenas suponía «un vicio o falta de moralidad que desmerece en la consideración ajena» y que, por ende, representaba «una intromisión en el derecho al honor cuando falte el requisito de la veracidad».

Ahora, el juzgado madrileño, y de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede a acordar el embargo de esa cantidad y le suma 8.466,50 euros de intereses procesales y 20.539,95 euros que se fijan provisionalmente en intereses y costas de ejecución.

Fuentes jurídicas indican a Europa Press que Bárcenas tiene las cuentas intervenidas por la Audiencia Nacional desde 2013 para abonar las multas de la condena de la primera etapa de 'Gürtel', por lo que primero debe hacer frente a lo que se le reclama por esa sentencia, luego hacer frente a los pagos a Hacienda y en último lugar iría Del Rivero.

Cabe recordar que el extesorero del PP acumulaba en 2021 un total de 31 años de cárcel después de que la Audiencia Nacional le condenara a otros dos años de prisión por la reforma de la sede del PP en la calle de Génova.

Previamente, la Audiencia Nacional le condenó a 33 años y 4 meses de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales por la primera etapa de 'Gürtel', aunque el Tribunal Supremo rebajó la pena hasta los 29 años y 1 mes.