Ayuso estudia cómo recurrir el impuesto a los ricos ante los escollos jurídicos

«Lo redacten como lo redacten este impuesto directamente va a atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad, teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros dentro de nuestra autonomía hemos retirado», explicó la presidenta madrileña este martes.

La Comunidad de Madrid se ha querido dotar de una norma para «blindarse ante subidas estatales de impuestos» con la Ley de Autonomía Financiera. El Consejo de Gobierno aprobó este proyecto legislativo el pasado mes de enero y en estos momentos se encuentra en la Asamblea a la espera de su aprobación definitiva después de haber superado ya el debate de totalidad. En sus artículos 16 y 17 marca que los órganos de la Comunidad de Madrid están obligados a defender su autonomía financiera, mediante, entre otros mecanismos, la presentación de recursos de inconstitucionalidad, previo informe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid o previo dictamen de su Comisión Jurídica Asesora.

Y en esta fase se encuentra ahora la Comunidad de Madrid, en el estudio del recurso con sus servicios jurídicos. Fuentes de la Consejería de Hacienda no precisan cuándo se presentará el recurso ni cuáles son los tiempos que manejan. Pero de momento la norma aún no ha salido del Ministerio de María Jesús Montero, por lo que no existe un texto con el que trabajar. A partir de que se conozca su redacción, la Comunidad tendrá un plazo de tres meses para presentar el recurso.

Pero la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) marca que la potestad «originaria» para establecer tributos corresponde al Estado central. Eso es lo que se deriva del artículo 6 de la norma, que indica el orden de prelación por niveles de la Administración en la legislación tributaria. Así, establece que los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Del mismo modo, establece que cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria, establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas, pero nada indica que el nuevo tributo sobre la riqueza que diseña el Gobierno vaya dirigido a mermar los recursos autonómicos.

La Comunidad de Madrid, por su parte, se ampara en el artículo 19 de esa misma ley, que establece que en el caso de los tributos cedidos, como es el de Patrimonio, cada comunidad autónoma podrá asumir competencias normativas para determinar el mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones.