El PP avanza que no se opondrá al ingreso mínimo aunque no concreta el sentido del voto

Fue la semana pasada, antes de la aprobación del ingreso mínimo en Consejo de Ministros, cuando el Gobierno negoció con el PNV transferir la gestión de la ayuda a País Vasco y Navarra. Un traspaso que se hará efectivo el 31 de octubre y que ha contribuido a reforzar la alianza del Ejecutivo con los nacionalistas vascos, socios clave para el sostenimiento de la legislatura. Esta circunstancia ha hecho desconfiar al PP y sus barones, que expresaron sus recelos tras la videoconferencia del domingo con Pedro Sánchez.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de que si es el «interés político» lo que se esconde tras el pacto, sería de una «gran irresponsabilidad», mientras el máximo dirigente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rechazó «las negociaciones bilaterales que rompen la igualdad y la unidad». Su jefe de filas, Pablo Casado, llegó a calificar de «mercado persa» las conversaciones del Gobierno con sus socios y las vinculó a su necesidad de salvar la última ampliación del estado de alarma.

Tampoco la explicación del Gobierno terminó de convencer este lunes a los populares. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insistió en la singularidad de País Vasco y Navarra, con hacienda propia, un hecho diferencial, como principal razón para ceder la gestión del ingreso mínimo a ambos territorios, y abogó por dar en todos los casos con la fórmula que garantice la rapidez en la distribución de la prestación.

De hecho, el Ejecutivo estudiará a partir de 2021 la posibilidad de cerrar convenios con otros territorios. «Desgraciadamente, las comunidades –añadió Escrivá en la Cadena Cope– no han demostrado en los años que llevan gestionando, muchas de ellas, esta prestación ser muy eficaces a la hora de llegar a muchos ciudadanos en hogares de este tipo».

Desde la dirección del PP, sin embargo, sostienen que los territorios han dado muestras de su «capacidad de gestión» con el impulso o administración de rentas similares al Ingreso Mínimo Vital. «De lo que yo tengo dudas –replicó Gamarra al Ejecutivo– es de que una administración que no gestionaba esta prestación hasta el día de hoy tenga la capacidad para garantizar la eficacia y que no haya ni un sola familia que vaya a tener un retraso en el cobro».

Los populares, que en todo caso consideran «necesaria» la iniciativa, pedirán que el real decreto se gestione como proyecto de ley, lo que permite enmendar aspectos de la normativa. En esta reclamación coincide Ciudadanos.

Vox, mientras tanto, se opuso a la medida y denunció que el ingreso mínimo genera un «efecto llamada a gritos» para la inmigración ilegal. Desde el Gobierno se tachó esta apreciación de «absolutamente falsa». Uno de los requisitos de acceso a la ayuda –salvo para víctimas de trata de seres humanos, de explotación sexual y violencia de género– es «tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada durante al menos el año inmediatamente anterior».