Avalancha de críticas de jueces y fiscales a Montero por su «lamentable espectáculo»

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo mayoritario de la judicatura, ha exigido la inmediata dimisión de Montero por las acusaciones «ofensivas» hacia los jueces, carentes de rigor y por generar una alarma «innecesaria y devastadora» en la confianza de las víctimas de esos delitos devaluando así los estándares de calidad democrática.

La APM censura que se haya acudido a «descalificaciones generalizadas» basadas en estereotipos «en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse» y considera que resulta una actuación «totalmente reprobable por falsa e injusta».

Por su parte, la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) ha coincidido en pedir la salida de la ministra y ha calificado la reacción de Igualdad de «injusta y pueril». Consideran que desde ese departamento «debería asumirse la responsabilidad de quien, conociendo el riesgo que existía de que se produjeran rebajas de condena, no hizo el más mínimo esfuerzo por rectificar los posibles efectos no queridos de un proyecto legislativo elaborado de manera defectuosa».

Indican que en lugar de enmendar defectos lo que se ha hecho es cargar de forma «injusta y generalizada» contra los jueces porque son quienes deben aplicar la ley elaborada. Y lamentan la gravedad de las acusaciones vertidas y «el infantilismo de tratar de proyectar a otros la responsabilidad por actos propios», por lo que reiteran que Montero debe dejar el cargo «para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad».

En este sentido, también lamentan la reacción de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, por hablar de justicia machista y por afirmar que el problema no es la ley; y critican además la posición de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, quien afirmó que era una vergüenza la falta de formación de los jueces en materia de género en España.

Del mismo modo, la comisión ejecutiva de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, considera de «extrema gravedad» el ataque «injustificado» de Montero y otros cargos del Gobierno con el «único fin de crear confusión en la ciudadanía» y ha pedido que reconozcan el «error legislativo» por responsabilidad política.

En una línea similar, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), Jorge Fernández Vaquero, ha explicado que «el hecho de que se aplique» la ley «no tiene que alarmar a nadie». «Distinto es que la reducción de penas», ha apuntado, «no fuera una consecuencia prevista o querida». «Entonces tenemos un problema de falta de previsión del legislador», ha sentenciado.

Con todo, el portavoz de la AJFV ha explicado que «la forma en que se aplica ahora» la ley no tiene porque ser «la definitiva», en tanto que «la jurisprudencia puede cambiar» si así lo determina el Tribunal Supremo. Vaquero también ha advertido sobre una hipotética modificación de la norma, una opción a la que se abrió este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. «Aunque cambiaran la ley todos se beneficiarían. Solo se aplicaría un cambio para el que cometa delitos a partir de la entrada en vigor del cambio», ha explicado.

Por su parte, la magistrada Concha Roig, miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha reconocido que le ha sorprendido que haya habido «una sorpresa» por la rebaja de las penas. «Es una aplicación normal habitual desde la aprobación del Código Penal de 1995. No cabe el arbitrio judicial, no se trata de volver a determinar la pena e interpretar los hechos: es una interpretación taxativa», ha afirmado.

Por último, la abogada y vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda, una de las ponentes del informe de febrero de 2021 que advirtió de la posible reducción de penas, ha alertado sobre los efectos a futuro de la nueva ley: «Las penas por hechos de violencia sexual muy grave van a bajar mucho».

La vocal y especialista en delitos sexuales ha admitido que «no se puede dar marcha atrás» para revertir las reducciones de condena al amparo de esta ley, pero sí ha invitado a corregir lo antes posible el texto precisamente para evitar estas situaciones a futuro, algo que le «preocupa más».