La Audiencia Nacional revoca el archivo del 'caso Vitaldent' y ordena juzgarlo

La Sala de lo Penal ha admitido los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de una acusación particular, a los que también se adhirió la Abogacía del Estado, tras apreciar indicios de la comisión de delitos de organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y el citado blanqueo de capitales.

En dos autos fechados a 26 de noviembre, los magistrados de la Sección Cuarta, presidida por Ángela Murillo, han rechazado el auto del instructor Manuel García-Castellón, que consideraba que no quedaban acreditados los hechos delictivos contra la cúpula de Vitaldent. Para ello, la Sala reconoce que no termina «de comprender el drástico giro argumental efectuado por el titular del órgano judicial instructor» en su resolución del 13 de octubre, en el que acordó el sobreseimiento libre.

La Sala incide en que la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de una unidad de propósito y dirección de los investigados. Estos habrían creado y controlarían una estructura organizada con pretensiones de permanencia, y que estaría dirigida por el presidente, el uruguayo Ernesto Ramón Colman, y por Bartolo Conte, considerado como su mano derecha, en la que cada uno de los implicados protagonizaba un especifico rol dentro de una operativa compleja que alcanzaba a medio centenar de personas.

Los magistrados consideran que su objetivo final era cometer fraudes masivos, de índole tributaria y contractual, y blanquear los beneficios obtenidos en esa estructura empresarial. En esta operativa participaban, según apuntan, sociedades franquiciadoras, sociedades franquiciadas y sociedades de asesoría contable, fiscal, laboral y de servicios, con ámbito espacial no circunscrito a España, puesto que la red se extendía a países como Holanda, Suiza y Luxemburgo.

La Sala también muestra su discrepancia con el juez instructor en lo relativo a los delitos contra la Hacienda pública. Los magistrados entienden en este punto que sí se han cuantificado las cantidades defraudadas en dos impuestos, el de Sociedades y el IVA. Por el primero, se alcanzan casi los seis millones de euros por cuotas impagadas de los ejercicios de 2013 y 2014, mientras que por el segundo se supera el millón de euros, rebasando el límite establecido para ser considerado delito.

Esta decisión de la Sala llega después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase un recurso de apelación en el que pedía reabrir el caso al considerar que el juez se basó en un informe pericial elaborado con datos poco fiables y obvió, en cambio, uno fundado en los «datos auténticos» que constata la existencia de delitos fiscales.

La causa tiene su origen en una denuncia conjunta interpuesta en 2013 por una veintena de franquiciados contra la antigua cúpula directiva. Las franquicias denunciaron que estaban obligadas a cobrar en metálico a sus pacientes y pagar en negro un 10% de su facturación al presidente, Ernesto Colman.

En el auto de 13 de octubre, el juez García-Castellón concluyó que no se daban los elementos típicos de los delitos contra la Hacienda Pública ni hay indicios incriminatorios respecto a los delitos de estafa y apropiación indebida, por lo que a su vez decaerían los posibles delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.