La Audiencia Nacional da 24 horas a Interior para explicar la devolución de menores

El escrito, con fecha del 10 de agosto, estaba dirigido a la Delegación del Gobierno en Ceuta para instar a la institución a «ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado», firmado en 2007 y actualizado cinco años más tarde.

Precisamente a este convenio es al que se aferra ahora Marlaska para justificar la legalidad de la operación, que comenzó el pasado viernes y que esperaba entregar a 15 menores al día, de los más de 700 que se encuentran acogidos en Ceuta, a las autoridades marroquíes en la frontera de El Tarajal. «Marruecos vela por estos menores y se reintegrarán en su entorno familiar o en instituciones de solidaridad. Todas las administraciones han actuado por el interés superior del menor», defendió este martes el ministro en varias entrevistas.

El oficio es el único documento oficial que consta emitido del Ministerio del Interior para promover las repatriaciones, tal y como han acreditado ya los juzgados y la Fiscalía de Menores de Ceuta. El Ministerio Público se muestra crítico además con el hecho de que esa parezca ser la única fundamentación jurídica de una medida que afecta a los derechos fundamentales de estos menores no acompañados.

Precisamente, la ausencia de expedientes de repatriación para cada uno de los menores afectados fue lo que llevó este lunes al Juzgado de lo Contencioso de Ceuta a paralizar la expulsión de nueve de ellos a Marruecos (otros tres ya habían cruzado la frontera antes de que fuera tomada cautelarmente la decisión), en vista de que no se estarían cumpliendo los trámites previstos en la Ley de Extranjería. Pese a que el acuerdo con el reino alauí faculta las entregas, también recoge expresamente que España, primero, debe cumplir su propia legislación.

El otro frente que Interior tiene abierto es el de la Fiscalía, que lamenta haber sido avisada a posteriori y recuerda que debe emitir un informe cuando se trata de inmigrantes menores, cosa que, sostiene, no ha sucedido pese a que lo exige la Ley de Extranjería. Marlaska justificó este martes este hecho alegando que el acuerdo bilateral con Marruecos «crea una singularidad enorme», además, insistió en varias ocasiones, «e está respetando además el principio básico del interés superior del menor». Aunque en algunos casos estos adolescentes se intenten fugar de los centros donde están acogidos en Ceuta antes de que las autoridades españolas consigan devolverlos a su país, como lleva ocurriendo desde el viernes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, defendió el operativo alegando que «ningún menor de los calificados como vulnerables ha sido trasladado» a Marruecos. También reconoció que el acuerdo bilateral aplicado para llevar a cabo esta medida no establece un protocolo concreto, más que el hecho de que los dos países se pongan de acuerdo en la manera de llevarlo a cabo. «No se establece, así, una obligatoriedad de realizar entrevistas individuales a menores», alegó.