La Audiencia Nacional devuelve a Iglesias la condición de perjudicado en el 'caso Dina'

Iglesias perdió su condición de perjudicado en este caso el pasado 25 de mayo cuando García Castellón aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de impedirle ser acusación solo días después de que Bousselham revelara ante el juez que Iglesias le devolvió la tarjeta de su móvil después de que el contenido íntimo de la misma fuera publicado en varios medios digitales e impresos en verano de 2016. Al secretario general de Podemos, según le explicó a la víctima del robo, se la entregó varios meses antes, en enero de ese año, el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, que a su vez le había llegado de los responsables de la revista del mismo grupo, Interviú, que en su caso no publicó nada al respecto.

Poco después, el 17 de junio, el propio juez, al confirmar su auto ante el primer recurso de Iglesias, llegó a insinuar que el líder de Podemos pudo destruir la tarjeta que, en cualquier caso, llegó inservible a la Audiencia Nacional. El juez consideró clave para sostener este tesis que Iglesias recibió el dispositivo de manos de Antonio Asensio y no le dijo nada a su asesora hasta meses después, pese a saber que contenía información personal e íntima y que, además, la tarjeta había sido obtenido de forma ilícita.

Pero para la Sala de lo Penal el hecho de que Iglesias pudiera retrasarse en entregar la tarjeta no prueba la existencia de «hipótesis alternativas» como las que defiende el instructor, llegando a dejar abierta la puertas a que la fuente de las filtraciones pudieron ser los «propios recurrentes» (Iglesias o su asesora), al dar a entender que podían existir «otras copias» de la tarjeta sustraída.

Es más, la Sala en su varapalo a García Castellón se ve en la obligación de recordar al juez de que el hecho de que esta pieza separada del caso Villarejo continúe en la Audiencia Nacional y sea de su competencia solo se sostiene por los indicios de que hay una organización criminal, la de Villarejo, detrás del robo, porque de no ser así este asunto tendría que haber sido ya enviado a los juzgados ordinarios.

En su auto, los magistrados de la Sección Tercera remaercan en su escrito que el objeto que dio lugar a esta pieza fue una presunta organización criminal a través de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condición policial de Villarejo, servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones sin autorización judicial.

La Sala añade que en el registro de la vivienda del comisario jubilado, entre el material incautado se encontró un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Bouselham. Una prueba que para los jueces es determinante para cerrar esa otras «hipótesis alternativas» que defiende García Castellón.