La Audiencia Nacional deja en libertad al general del caso 'Tito Berni'

Calama ha aceptado la petición de libertad del general -que el juzgado de Tenerife que investiga el 'caso Mediador' había rechazado de manera reiterada- tras convertirse en el juez de garantías en este procedimiento después de que el pasado mes de abril la Fiscalía Europea asumiera como propia la investigación en la parte referida a los contratos vinculados al proyecto GAR-Si Sahel. Y ello, porque este proyecto, el supuesto gran pelotazo de la trama con la ayuda al desarrollo en África, fue financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), para quien trabajaba el general.

Como medidas cautelares el juez impone a Espinosa la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional, con la advertencia de que su incumplimiento podría dar lugar a la adopción de medidas más graves, como su vuelta inmediata a la cárcel.

Calama, que deja en libertad al general en contra del criterio de la Fiscalía, insiste en que el riesgo de fuga «es muy bajo» ya que, «más allá de los hechos delictivos que se le imputan, en base a unos indicios muy sólidos», lo cierto que Espinosa «tiene un fuerte arraigo en España -personal y económico- y no hay ningún elemento o indicio que alerte sobre su posible fuga al extranjero».

En cuanto al posible riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba, el auto señala que el investigado lleva en prisión desde el 16 de febrero de 2023, «tiempo suficiente para que los investigadores hayan podido asegurar convenientemente esas aludidas fuentes de prueba».

Espinosa queda en libertad, no obstante, sin que el Servicio de Asuntos Internos (SIA) haya acabado de investigar a fondo su intervención en la trama tejida por Tito Berni. El pasado 8 de febrero, el SAI reclamó a la jueza del 'caso Mediador', María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, autorización para «requerir» a la FIIAPP toda la información en su poder sobre cuatro contratos cerrados en marzo de 2020 y en julio y junio de 2021 para el suministro de diverso material de la Cooperación Española para el Sahel pagado por la Comisión Europea.

Los investigadores, que en su oficio destacaban la «complejidad» de «la presente investigación», aseguraban a la magistrada que veían indicios de «posible materia delictiva en el ámbito de la contratación pública» en estas cuatro adjudicaciones, que alcanzan un valor conjunto de 2.352.278 euros.

Las sospechas de los investigadores -explican fuentes del caso- es que en estos contratos mediara Francisco Espinosa Navas, el general de la trama corrupta que hasta enero de 2021 fue mando de los GAR-SI -Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel- activos en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde, países de destino de los fondos bajo sospecha.

En esos contratos figura como beneficiaria, entre otras, la sociedad mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones S. L. Aunque al frente aparece su hija, el propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, detenido en el marco de esta investigación, aunque en la actualidad se encuentra en libertad. Suárez, conocido por la trama como "José Drones", habría pagado regalos y viajes al general para obtener la adjudicación de aeronaves no tripuladas para las fuerzas de seguridad del Sahel.

La FIIAPP es una entidad pública española que forma parte de la Cooperación Española y en cuyo patronato figuran, entre otros, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y la de Justicia, Pilar Llop.