La Audiencia Nacional confirma el juicio a un consejero de Aguirre por corrupción

En un auto, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman el recurso de apelación presentado por la defensa de Prada contra el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el juez José de la Mata el pasado 12 de noviembre. En su escrito, el exconsejero solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones y la prescripción de los hechos, argumentando que no existe fundamentación que vincule los hechos con las personas investigadas, que la instrucción no está terminada, así como que se ha llevado a cabo una investigación y búsqueda prospectiva de indicios criminales contra algunos de los acusados.

La Sala considera que la resolución recurrida, como indica la Fiscalía, es plenamente ajustada a derecho, puesto que contiene un extenso relato de hechos con relevancia penal atribuidos a los investigados y una calificación jurídica provisional de los hechos, «como no podía ser de otra forma, por lo que sin duda cumple con creces con las previsiones legales».

En cuanto a la falta de falta de la práctica de pruebas alegada por el recurrente, como la declaración del arquitecto Norman Foster, el tribunal señala que, aunque no se llevó a cabo, sí se practicaron otras testificales que «sin duda no han impedido al instructor realizar la valoración necesaria y exclusiva a efecto del dictado de la resolución que nos ocupa».

En este sentido, la Sala apunta que se desconoce lo ocurrido con la comisión rogatoria enviada a las autoridades de Suiza para reclamar información, pero considera que la agilización y el discurrir del procedimiento no debe «ni mucho menos» correr paralela a la práctica de una determinada diligencia, salvo que sea única o esencial, cosa que no ocurre en este caso.

Respecto a los indicios de criminalidad existentes, la Audiencia explica que la resolución del juez De la Mata detalla las facultades de Prada en función de los cargos desempañados, los contratos suscritos y las instrucciones dadas. «Su participación se infiere de las declaraciones testificales, informes técnicos y documentos obrantes en las actuaciones», concluye.

La Sala se pronuncia también respecto a la alegación de la defensa de la prescripción de los hechos. Al respecto, los magistrados señalan que se trata de una secuencia de actos y contratos desde el año 2005 al 2008, lo que determina que el plazo de prescripción se establezca en 15 años, «lo que obviamente no ha sido alcanzado», puesto que, como dice la resolución del instructor ahora recurrida, nos encontramos ante un supuesto de continuidad delictiva.

La empresa pública CJM se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales autonómicas. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones.

Junto a Prada, presidente y consejero delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación, dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños (director general técnico), Mariano Sanz (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García (letrado asesor) y el inspector Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). Este último está también imputado en el denominado 'caso Tándem' sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.