Un tribunal dividido condena a 30 años de cárcel al exjefe de ETA 'Ata' por el asesinato de Giménez Abad

La Sección Primera de la Sala Penal, con los votos a favor de solo dos de los tres magistrados (Francisco Viera y María Riera), condena a quien fuera máximo responsable de los comandos de ETA por un delito de asesinato terrorista y le impone el pago de 250.000 euros a la mujer y los hijos del fallecido. El fallo, en contra de la tesis del voto particular, se esmera en remarcar que existe «prueba absolutamente convincente» para condenar a Karrera Sarobe, refiriéndose a la declaración del hijo del fallecido, que identificó sin género de dudas a 'Ata' como el pistolero que mató a su padre. El pasado julio, durante el juicio, Borja Giménez Larraz, que en el momento de los hechos tenía 17 años, aseguró que vio «totalmente» la cara del terrorista y que no tuvo problema para identificarle en 2014 en las fotografías que le mostró la Guardia Civil a pesar de haber transcurrido 13 años.

No obstante, el fallo hace hincapié en que esa identificación es coherente con otros datos como el informe de autopsia, las periciales sobre las vainas y de balística, la reivindicación del atentado por parte de ETA y las declaraciones de las testigos protegidas.

La sentencia, en la misma línea, también subraya que existe otra «prueba de carácter secundario» constituida por varios testimonios de personas «que no presenciaron los hechos ni pueden identificar a sus autores, pero que se encontraban cerca y cuyos relatos son plenamente compatibles con la información proporcionada por los medios principales».

El Tribunal, una vez analizada la prueba, entiende que pese a las manifestaciones exculpatorias del acusado, «se ha practicado prueba suficiente que acredita la participación de Mikel Karrera Sarobe en los hechos juzgados como autor material del asesinato del sr Giménez Abad».

El fallo insiste en argumentar cómo se ha llegado a la convicción de que 'Ata' fue el autor material pese a que los indicios no sean tan sólidos como en otros casos. La sentencia pone en valor las declaraciones de las testigos protegidas y sus identificaciones desde sus «muy personales circunstancias y desde los lugares cercanos al punto en el que fue asesinado el presidente del PP de Aragón donde se encontraba cada una de ellas». «Son relatos distintos que se armonizan plenamente y su valor radica en que todos ellos son armónicos, coincidentes en la identificación, pero partiendo de relatos muy personales que desmienten cualquier riesgo o contagio, entre otras cosas porque dichas testigos no se conocen entre sí», subraya el fallo.

Por ello, zanjan los jueces «estos testimonios, unidos al testimonio de Borja Giménez Larraz sobre el reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en rueda del acusado» y al informe de inteligencia de la Policía de 2015 que le señalaba como presunto autor constituyen las pruebas que acreditan la autoría de Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe».

Respecto de la otra acusada, Miren Itxaso Zaldua Iriberri, para quien la Fiscalía pedía una condena de 30 años de prisión, la Audiencia considera que la prueba de cargo practicada no es suficiente como para acreditar su participación en los hechos juzgados. La sentencia, con respecto a Zaldúa, concluye que los informes y las investigaciones no han podido siquiera probar que la acusada se encontrar en Zaragoza por aquellas fechas. Es más, ni siquiera es posible afirmar que ella formara parte del comando Bajasun ni que el atentado fuera obra de este grupo. Además, abunda la Sala, las circunstancias en que se produce la identificación fotográfica de la acusada por uno de los testigos protegidos «generan muy serias dudas sobre la fiabilidad de esa identificación».

El voto particular discrepante y favorable a la absolución de Mikel Karrera desmiente de forma la tesis mayoritaria de la «prueba suficiente». El voto señala que sin dejar de tener en cuenta que existen elementos indiciarios y de prueba en contra del acusado, «no son de suficiente entidad ni tienen suficiente consistencia para concluir, más allá de toda duda razonable, utilizado este como estándar probatorio aplicable, que se tratara de la personas que cometió materialmente el hecho de dar muerte mediante disparos de arma de fuego Manuel Giménez Abad.»

El magistrado insiste en que no se puede fundamentar una sentencia condenatoria en los informes de inteligencia policial, que no son más que interpretaciones y análisis basados en hechos. Explica el voto que esos informes de inteligencia policial en los que se basa la sentencia mayoritaria para la condena deben ser tenidos en cuenta como conclusiones policiales que pueden servir de orientación para la opinión judicial, pero nunca puede sustituirla.

Tampoco la identificación llevada a cabo por los testigos –entiende José Ricardo de Prada- y que identificaron a Karrera Sarobe como el autor de los disparos tampoco resulta definitivo desde el punto de vista probatorio.