La Audiencia Nacional admite una querella contra Caixabank y Fainé por la compra de BPI

En el auto de admisión de la querella, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la Junta de accionistas).

La querella admitida también se dirige contra el presidente del Consejo de Administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, y los directivos de Caixabank Alejandro García Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio Álvarez García y Gonzalo Gortázar Rotaeche.

En el caso de las personas jurídicas, Criteria Caixa SA y Caixabank SA, la resolución judicial les requiere para que designen un representante, abogado y procurador.

Relata la querella una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con su accionista de control Criteria (hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015) y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

El juez De la Mata explica que este caso es competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la cantidad en que se cifra el perjuicio, de cientos de millones de euros, así como por el quebranto a la entidad bancaria de manera personal y directa y, por ende, apunta el magistrado, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados.

«A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria», añade el instructor.

Las primeras diligencias acordadas por el juez van dirigidas a solicitar diversa documentación a Caixabank, entre ella la relación de miembros del Consejo de Administración entre 2015 y 2017 y de la Comisión de Auditoría y Control, así los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada ad hoc para el análisis de la operación de permuta y la documentación que manejaron.

Igualmente solicita el juez la relación de personas que emitieron el Informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank relativa al préstamo de 400 millones a BFA.