Asociaciones de jueces denuncian a la UE la «colonización política» del Poder Judicial

Los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas, entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo siete del Tratado de la Unión Europea (TUE). Este recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de derechos de voto en el Consejo Europeo.

Concretamente, solicitan que tome conocimiento de su escrito acerca de la reforma del Gobierno sobre «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debido a la reforma que impide nombramientos de jueces estando este órgano en funciones y su «colonización por los partidos políticos». Una instrumentalización que afecta a la actividad gubernativa del Consejo, «disciplinaria, promoción y formación», y con ello a su independencia e imparcialidad.

A juicio de los firmantes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, «lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión».

Reclaman también que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno a que lleve a cabo las reformas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En la misiva, los jueces explican a la Comisión que el sistema de elección actual de 12 de los diez vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria.

«Después de 35 años los riesgos previstos por el Constitucional se han convertido en lamentables realidades», añade el escrito. «Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial».

Así, insisten en que la práctica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos políticos «se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos». Antes esto se hacía discretamente, añaden, «pero actualmente se realiza con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa».