La Policía promociona al exnúmero dos de Cosidó, querellado por boicotear el 'caso Nicolás'

Agudo, que viene precisamente de dirigir la Brigada de la Policía Judicial de A Coruña durante un año y medio -la unidad responsable de resolver el crimen de Samuel Luiz en el paseo marítimo de Riazor en verano pasado-, se traslada a Madrid con el beneplácito de la cúpula policial y el visto bueno del director adjunto operativo, José Ángel González. Ello pese a que su nombre está estrechamente vinculado a la anterior dirección policial durante el Gobierno del PP, ya que fue durante un año jefe de Gabinete de Ignacio Cosidó, en 2012.

Agudo fue relevado de su puesto alegando «motivos personales», pero en el ambiente flotaban informaciones relativas a la dirección, a través de su mujer, de una academia de formación llamada Legispol, que examinaba y cobraba a futuros agentes que preparaban la oposición. También se le vinculó -él lo negó- con la reactivación política de la investigación de una empresa de seguridad llamada Interligare, que salpicaba a mandos policiales bajo la etapa de Alfredo Pérez-Rubalcaba en el Ministerio del Interior, pero que al final quedó en nada.

Sin embargo, la abrupta salida de Agudo como mano derecha de Cosidó no le relegó en el Cuerpo. Es más, siendo inspector jefe fue enviado a Roma, donde desempeñó su trabajo como empleado de la embajada española hasta 2017. En ese destino coincidió con el juez de enlace en ese país, Manuel García-Castellón, el mismo que a su vuelta a la Audiencia Nacional asumió el 'caso Villarejo' y con el que hizo buena amistad.

Estando en Roma, Agudo fue propuesto para recibir la medalla al Mérito Policial con distintivo rojo. Una decisión que los sindicatos profesionales achacaron directamente a Cosidó, pese a que la normativa establece como requisitos para la concesión de este distintivo pensionado haber resultado herido en acto de servicio, participar en servicios en los que ha corrido peligro la vida del policía por el uso de armas o, en su caso, a través de una conducta de especial trascendencia.

Tras el periplo italiano, Agudo regresó en 2017 a España para dirigir una unidad en los juzgados ordinarios de Madrid. Un puesto influyente con acceso a instrucciones judiciales. En ese contexto, y tras estallar el 'caso Villarejo', su nombre apareció en las agendas intervenidas al comisario dentro del intento de boicotear y anular el trabajo de los investigadores del 'caso del pequeño Nicolás'. Los mismos agentes de Asuntos Internos que a partir de 2015 empezaron a destapar los negocios de Villarejo y las cloacas policiales en sus informes judiciales.

El 13 de septiembre de 2017, Villarejo escribió un mensaje revelador en su agenda tras hablar con Agudo. «Sorprendido por mi llamada para darle las gracias por unas gestiones. Dijo que el tema Nicolás estaba finiquitado». Esta anotación del comisario se produjo dos semanas antes de que Agudo visitara a la juez del caso, Pilar Martínez Gamo, para reiterar la necesidad de cesar al equipo investigador por decisión de la Dirección General de la Policía.

Así lo recoge la querella que presentó el inspector Rubén López, responsable del grupo investigador del 'caso Nicolás', y que instruye otro juzgado de Madrid (Agudo está en lista de querellados junto a otros mandos policiales como Villarejo o el anterior director operativo Eugenio Pino).

No obstante, la magistrada desmintió esta versión y aseguró a este periódico en febrero de 2021 que nunca trató con Agudo la disolución de la comisión judicial. En cualquier caso, el cese se hizo efectivo poco después de que esta unidad remitiera al juzgado varios informes sobre diferentes líneas de investigación contra la cúpula policial con el PP. Posteriormente, los mandos querellados accedieron supuestamente a colocar cámaras en la vía pública para vigilar el despacho que usaba el equipo de Rubén López en un edificio del centro de Madrid. Los dispositivos funcionaron sin autorización judicial, según denunció el inspector.

Otra documentación intervenida a Villarejo también derivó en Agudo, en este caso en la 'operación Kitchen', el espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas. En noviembre pasado, acudió a declarar a la comisión de investigación del Congreso por su etapa con Cosidó y su antigua amistad romana con el juez García Castellón. Agudo negó a los diputados que intercediera ante el instructor de la Audiencia Nacional como le pidió, «absolutamente desesperado», Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad bajo las órdenes de Jorge Fernández Díaz en Interior (tanto Martínez como Fernández Díaz están procesados por 'Kitchen').

«La relación con Francisco Martínez fue buena y se interrumpe cuando me voy a Italia», aseguró Agudo, que añadió a los diputados que cuando regresó recibió una llamada suya, «pero jamás se me ocurriría hacer lo que él me pide. Sería un delito», subrayó el policía. En su declaración ante la comisión parlamentaria admitió que quizá se equivocó al no responder al mensaje de Martínez de que era imposible toda mediación con el juez para «cerrar esa mierda», en referencia a la 'operación Kitchen'.

En esa comparecencia, además, Agudo dijo que coincidió en dos ocasiones con Villarejo. La primera siendo jefe de gabinete de Cosidó, cuando se asomó a su despacho llamándole «Pedrito» -«Me quedé un poco extrañado», afirmó en el Congreso-, y la segunda en los juzgados de Madrid, en un saludo cuando era jefe de la unidad judicial antes de irse a Galicia tras ascender a comisario con la actual cúpula policial, nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez a propuesta del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Tanto el director actual, Francisco Pardo, como el DAO José Angel González han vuelto a promocionar a Agudo de vuelta a Madrid con un puesto de libre designación en los Servicios Centrales. En enero pasado, Pardo también nombró al comisario principal Agapito Hermes de Dios como número dos de la Jefatura Superior de Madrid. Ello pese a su relación pasada con Villarejo, al que le reveló en septiembre de 2011 información judicial sobre la titularidad del ático de Ignacio González en Málaga y la propiedad de otros bienes del entonces vicepresidente madrileño, tal y como publicó este periódico.