Anticorrupción pide nueve años de cárcel a Pujol y multa de 45 millones

El documento de un centenar de páginas, conocido este viernes, detalla el resto de penas para los acusados: toda la familia Pujol Ferrusola y varios empresarios. La petición más elevada es para Jordi, el primogénito de la familia, para quien reclama 29 años de prisión por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Para el resto de los hermanos la solicitud de penas van desde los ocho a los 14 años de privación de libertad, mientras que para la exmujer de Jordi, Mercé Gironés, reclaman 17 años. A los empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedad mercantil y se solicita entre dos y tres años de prisión.

Según Anticorrupción, todos ellos actuaron conjuntamente y ocultaron, al menos desde 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra. Unos fondos procedentes supuestamente de las comisiones percibidas por favorecer a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración catalana.

En cuanto a las multas, el Ministerio Público interesa la más alta para Jordi Pujol Ferrusola, conocido por sus gestores bancarios como «el capellán de la parroquia», para el que pide 6,8 millones de euros; a su exmujer Mercé Gironés, 668.000 euros; Josep Pujol, 932.000 euros; y para el expresidente de la Generalitat, 204.000 euros. A estas cantidades hay que añadir las reflejadas en el apartado de blanqueo de capitales, en el que Fiscalía indica que la sanción económica debe resultar de las cantidades que dispusieron los siete hermanos, el padre y Gironés.

Se trata de cuatro partidas en diferente moneda: la más alta son 38,7 millones de euros, 8,1 millones de dólares americanos (6,7 millones de euros al cambio en la actualidad); 2,7 millones de dólares mexicanos (112.000 euros) y 95.344 libras esterlinas (110.000 euros). En total, más de 45,6 millones de euros. Por su parte, las multas a los empresarios van desde los 200.000 euros a los ocho millones.

Sobre el patriarca familiar, Jordi Pujol, el escrito señala que acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola -exonerada por el juez a petición de la Fiscalía por su demencia, lo que la hace inimputable- que los fondos procedentes de la «actividad ilícita» ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de ésta y de sus siete hijos en la Banca Reig de Andorra, que luego se fusionó con el Banco Agrícola, dando lugar al Andbank.

Igualmente, concluye Anticorrupción que los padres acordaron que fuera su primogénito Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia. Así, el entonces presidente catalán aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo alrededor de su primer hijo y de determinados empresarios afines al partido que éste lideraba: Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

El patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años.

Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés y Josep Pujol Ferrusola, gestionando los beneficios de la actividad descrita; y los últimos, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores. Entre estas mecánicas cabe destacar la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas (testaferros) y múltiples transferencias e ingresos en efectivo.