No hay caso en el polémico contrato 'fantasma' de la Comunidad de Madrid con Room Mate. La Fiscalía Anticorrupción ha decretado el archivo de la denuncia presentada por el Partido Socialista de Madrid (PSM) contra la presidenta regional, la popular Isabel Díaz Ayuso, por presuntas «irregularidades» en las adjudicaciones a la cadena hotelera, donde se hospedó la dirigente madrileña durante la primera ola de la pandemia tras dar positivo por coronavirus.
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La denuncia señalaba las «presuntas irregularidades» que sucedieron el pasado mayo en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, donde se publicó la adjudicación de un contrato a esta cadena hotelera, presidida por Kike Sarasola, valorado en 565.749 euros para convertir dos hoteles en residencias para ancianos.
Los socialistas mantenían que inicialmente este asunto se atribuyó a un «error» y luego el contrato «desapareció justo el día anterior de haberse conocido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se alojaba en un hotel de esta cadena durante el estado de alarma en unas condiciones que podrían calificarse de ventajosas».
Díaz Ayuso residió desde inicios de marzo en un apartotel por el que dijo pagar de su bolsillo 80 euros al día (lo que supondría un total de 4.800 euros por los dos meses que estuvo allí). La vivienda consta de dos plantas, por lo que trabajaba en una y descansaba en la otra, según reconoció entonces la presidenta regional.
Los socialistas madrileños alegaron la «presunta comisión de delitos de falsedad de documento público», pues aseguraban «manipulación del portal de contratación». Sin embargo, el entonces consejero de Familias, Alberto Reyero, de Ciudadanos, aseguró que hubo «una inadecuada interpretación de la información» dado que en ningún momento se suscribió ningún contrato con Room Mate, sino que cedió sus hoteles «a título gratuito y sin contraprestación».
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Además, defendió que no hubo «intencionalidad» y que la publicación de un contrato erróneo fue fruto «del volumen de trabajo durante la pandemia y de las condiciones de teletrabajo del personal». En realidad, añadió, el adjudicatario de los servicios a prestar en las instalaciones de los hoteles era otro (la Coordinadora del Tercer Sector), y tampoco la cuantía inicialmente indicada era la correcta (240.443,57 euros y no 565.749,62). De hecho, el contrato modificado no había sido atribuido a Room Mate, si no a «Rom Mate», aunque el CIF reflejado sí era el de la compañía hotelera.
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