Aragonès urge a Sánchez a fijar la reunión a la que se «comprometió»

Infraestructuras, mesa de diálogo y el caso Pegasus son las tres carpetas que enfrentan a las dos administraciones y que provocan que la confianza entre ambas este a «cero», según el Govern. Además, se ha añadido un cuarto motivo para el litigio: la candidatura olímpica de los Pirineos para 2030. El proyecto inicial era un equipo conjunto entre Cataluña, Aragón y el COE, pero el Gobierno de Aragón no ha considerado justo el reparto de sedes y la candidatura está en estos momentos en el aire. El Govern ha afirmado sin ambages que «los Juegos Olímpicos no se desencallan porque una de las partes es Cataluña». Y ante las especulaciones de que el COE podría renunciar a la sede en 2030, ha pedido que no descarte presentar la candidatura, ya que cree que sería desaprovechar una »oportunidad histórica«.

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Mateo Balín

La Generalitat ha anunciado además que ha iniciado una negociación bilateral para evitar que el Gobierno lleve al Tribunal Constitucional el decreto ley que modifica la ley de consultas populares no referendarias y que Aragonès quiere usar para celebrar la consulta sobre la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. «En Madrid se disparan los nervios cada vez que se pone sobre la mesa una posible consulta a la ciudadanía», según Plaja. El Gobierno ha expresado «dudas» sobre las competencias de la Generalitat para convocar estas consultas y podría acudir al Tribunal Constitucional. El Govern, en cualquier caso, avisa que hará la consulta diga lo que diga el Gobierno. También en materia de infraestructuras, la Generalitat ha culpado al Gobierno de las largas colas que se forman en la autopista AP7 desde que se levantaron los peajes.

Mientras, el Govern ha celebrado que la justicia andorrana haya abierto una causa para investigar a Mariano Rajoy y a los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por la llamada 'operación Cataluña«. Según la Generalitat, hay indicios y hasta pruebas de comportamiento »mafioso« por parte del anterior Gobierno del PP y ha criticado que tenga que ser la justicia andorrana y no la española la que investigue el caso, lo que a su juicio es una »vergüenza«, que demuestra que en España hay ciertos dirigentes políticos que gozan de »impunidad« en asuntos relacionados con Cataluña.