Anticorrupción pide a Justicia una nueva sede para combatir la criminalidad

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada sigue padeciendo carencias estructurales en medios materiales e informáticos que lastran su lucha contra los distintos fenómenos delincuenciales. La radiografía de uno de los departamentos más reconocidos del Ministerio Público, que en 2020 cumplió las bodas de plata, vuelve a incidir en el grave problema de espacio en su sede central en Madrid y en el retraso en la implantación de nuevas tecnologías con respecto a otras fiscalías especializadas.

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado admite que el edificio donde se ubica Anticorrupción, un antiguo palacete parisino sito en la calle Manuel Silvela de Madrid, cerca de la Audiencia Nacional, fue rehabilitado y reformado en 2011 para dar lustre a la presencia del departamento, pero que, en la actualidad, «resulta claramente insuficiente para albergar adecuadamente a las distintas unidades que la componen, así como al personal integrante de los mismos».

Expone que el incremento en los últimos años de la actividad desplegada por Anticorrupción, así como el aumento significativo de la plantilla de la Fiscalía (141 funcionarios en la actualidad, 29 de los cuales son fiscales frente a los 16 que había cuando se estrenó la sede), al igual que la de miembros pertenecientes a las unidades de apoyo y adscritas, «ha supuesto un problema para la ubicación de todos ellos, resuelto en parte, aunque de forma poco satisfactoria, mediante la utilización conjunta de algunos despachos por dos fiscales» o la presencia en el sótano de los funcionarios policiales de apoyo.

Esta rémora que se agrava desde hace una década –el Ministerio de Justicia es el responsable de dotar y presupuestar los medios del departamento dirigido por Alejandro Luzón– afecta de manera directa al día a día del personal que combate la corrupción política, la delincuencia económica y el crimen organizado

Por ejemplo, los fiscales, denuncia la memoria, requieren de un espacio individual para el estudio de los asuntos y su gestión profesional, mientras que ahora «se ven perjudicados por las interferencias derivadas de comunicaciones telefónicas, la atención de funcionarios, de las unidades de apoyo o visitas de letrados».

Esta falta de espacio en el palacete de Manuel Silvela ha provocado que los miembros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE ) ya no estén en la sede, «lo que perjudica la fluidez de ese asesoramiento permanente que constituye, como se ha repetido en tantas ocasiones, buena parte del valor que aportan estas unidades».

En cuanto al grupo de Policía Nacional, el incremento de la dotación, tan conveniente, «ha reducido aún más el espacio disponible en la planta sótano, con un número de personas (16) en cada dependencia superior al apropiado». Estas «carencias» no son mayores porque los agentes de la Guardia Civil tampoco están en el edificio, «como sería deseable en una correcta configuración espacial de la Fiscalía».

Por lo que se refiere a los medios informáticos, la memoria denuncia que Anticorrupción mantiene un «retraso considerable» en la implantación de nuevas tecnologías con respecto a otras fiscalías. Si bien en noviembre pasado entró en funcionamiento el proyecto de justicia digital Fortuny, que debería suponer un significativo cambio, «habrá que esperar todavía para comprobar su eficacia y funcionamiento».

Otro asunto preocupante que sí ha sido subsanado se refiere a la situación laboral de parte de los fiscales. El pasado curso se consolidaron ocho plazas que se encontraban en comisión de servicios durante años y que pasan a acrecentar una plantilla, 29 personas, que ya es «razonablemente suficiente para la carga de trabajo». Pese a la pandemia, 2020 cerró con un aumento de las diligencias penales abiertas, 761, frente a 746 de 2019 y 678 de 2018.