Anticorrupción pide imputar a Chaves y Zarrías por un préstamo a una empresa en 1999

Esta ayuda sociolaboral para costear los planes de prejubilación de la empresa, conocida más tarde como Primayor, fue precisamente la que dio origen poco después al procedimiento de los ERE que sentó en el banquillo al propio Chaves y buena parte de su cúpula política durante una década. Como recogió la sentencia, los reparos y las incompatibilidades que generó esta ayuda pública con la normativa europea llevó al Ejecutivo andaluz del PSOE a poner en marcha un nuevo sistema más ágil pero considerado prevaricador hace escasas semanas por la justicia.

El escrito para abrir una nueva pieza fue presentado el pasado 20 de noviembre, un día después de conocerse la sentencia que condenó al expresidente autonómico a 9 años de inhabilitación. Esta nueva causa se remonta a 1999, un año antes del periodo investigado en la sentencia de la pieza política y sin vinculación directa por tanto con la partida 31L de los ERE ni con las 120 ayudas concedidas bajo ese nuevo procedimiento, y de cuya investigación y enjuiciamiento han sido excluidos todos los ex altos cargos al ser juzgados ya en la denominada pieza política.

Según recoge el informe, en 1999 la Junta concedió una ayuda sociolaboral a Hamsa para acometer la regulación de plantilla, pero la Comisión Europea declaró que en ese caso eran «incompatibles» con las ayudas públicas ya recibidas, de ahí que el Gobierno central reclamara su devolución y dejara a la empresa al borde de la quiebra. Ante ese escenario, Anticorrupción entiende que la Junta decidió otorgar su ayuda bajo la forma de «anticipo de futuras ayudas para la inversión y creación de empleo y bajo la figura de un préstamo puente» del Instituto Andaluz de Fomento (IFA) por importe de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros).

En noviembre de ese año, el Consejo de Gobierno presidido por Chaves ratificó el acuerdo, y un mes después Junta y empresa suscribían un documento en el que se establecía la devolución completa de 2,8 millones en ayudas para la creación de empleo. Sin embargo, no se ha encontrado documentación alguna donde conste la «condonación, declaración de fallido o conversión» del importe total del préstamo. Para la Fiscalía, son «indicios racionales de criminalidad» dado que «podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa».

«El préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero de 2005 no había sido amortizado, desconociéndose la situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas» en la escritura pública del mismo, por lo que reclama al juzgado que abra esta nueva pieza. El supuesto menoscabo de los fondos públicos que ahora piden investigar sería de esos 3,7 millones de euros.

La Fiscalía, que considera que los hechos aún no han prescrito, entiende pues que todos los ex altos cargos pueden ser investigados en esta nueva pieza. Así, pide que se impute, además de a Chaves, a sus exconsejeros Gaspar Zarrías (Presidencia), Guillermo Gutiérrez (Trabajo), Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo) o Francisco Vallejo (Innovación), así como al ex director de Trabajo, Javier Guerrero, y otros tres ex altos cargos de la Junta, así como a cinco directivos de la empresa beneficiaria.