Anticorrupción pide archivar la causa contra Esperanza Aguirre por la caja B del PP madrileño

«Pese a los claros indicios de falsedad electoral existentes respecto de las elecciones autonómicas del año 2007, los mismos se encontrarían prescritos, al igual que respecto de las autonómicas del año 2008, si bien respecto de estas se cuenta con menos elementos indiciarios», zanja el escrito de 860 páginas Anticorrupción.

Fiscalía, que en total pide sacar de la causa a 152 personas que fueron investigadas o encartadas en el procedimiento, sí que mantiene la existencia de falsedad electoral respecto de las elecciones autonómicas del 2011, por lo que pide seguir el procedimiento contra dos de los más cercanos colaboradores de Aguirre: Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez.

Ahora, tras recibir el resto de los escritos de las acusaciones, será el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el que decida si sigue adelante con la causa contra los expresidentes madrileños o atiende el escrito de la Anticorrupción, que lleva la bendición expresa de la hasta ahora máxima responsable del Ministerio Público, Dolores Delgado.

Ese escrito, no obstante, solo lleva la firma de uno de los tres fiscales del caso, ya que las dos titulares de la investigación desde el origen Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, se han negado a suscribir las conclusiones que exculpan a Aguirre. Un documento que solo ha firmado Alejandro Cabaleiro, incorporado al caso a última hora por orden del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón.

La investigación en la que están todavía imputados Aguirre y González es la denominada pieza 9 del ‘caso Púnica’ y en ella se trata de determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la 'Púnica', en la que podían leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la 'Operación Púnica', ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.

De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

En su auto de imputación, García Castellón situó a Aguirre en reuniones clave donde presuntamente se urdió esa forma de financiación ilícita del partido. Ella, de acuerdo con la acusación del juez, estuvo en la «supervisión» de las partidas de publicidad, que luego se pusieron «al servicio del partido». A ella se le atribuyó la dirección de esa operativa, mientras que otros de sus subordinados, como Ignacio González y Francisco Granados se encargaban del «control directo» de las operaciones concretas.

Hasta ahora Anticorrupción había insistido en que durante el mandato de Aguirre en la Comunidad de Madrid (2003-2012) se cambió la ley para que el Gobierno regional tuviera control pleno de esos contratos de publicidad bajo sospecha que luego daban lugar, supuestamente, a pagos irregulares a la formación.