El año de la dana, la espantada del presidente, las causas judiciales y las cuatro elecciones

«Resistir no es gobernar», lleva meses advirtiendo la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre la incierta continuidad de la legislatura española. Pero el aguante se ha convertido no ya en la emblemática seña de identidad del presidente Sánchez, sino en la de todo un Gobierno que encara este 2025 con el desafío de sobrevivir sacando adelante unos Presupuestos tan en el aire como para que ya planee sobre ellos la sombra de una nueva prórroga; bajo el martillo pilón de las causas judiciales que golpea al entorno personal y político del jefe del Ejecutivo; y con la incógnita de hacia dónde girará la veleta de las alianzas. Sin moción de censura a la vista, Alberto Núñez Feijóo busca la erosión definitiva de Sánchez con pactos puntuales con Junts y mientras Podemos flirtea con hacer descarrilar el tercer mandato del líder del PSOE. Es el delta sembrado por los sedimentos de un convulso 2024 en el que ha pasado de todo y, mucho de ello, excepcional.

Los últimos doce meses comenzaron sin ni siquiera concederse la tregua de Año Nuevo. Las sostenidas manifestaciones ultras ante la sede central del PSOE en Ferraz derivaron en Nochevieja en la paliza a un muñeco con la apariencia de Sánchez. La crispación reinante se permitió el espejismo de un acuerdo muy representativo: el que unió a todos los partidos, salvo Vox, para dignificar a las personas con discapacidad con la reforma del artículo 49 de la Constitución, la primera de carácter social desde su refrendo.

Pero no hubo paz para el Gobierno, que salvó sobre la bocina su primer 'match ball': dos decretos clave a cambio de conceder a Junts la gestión «integral» para Cataluña de las políticas migratorias, un compromiso que los de Carles Puigdemont colocan hoy en la casilla de los incumplimientos. Los secesionistas cerraron el mes tumbando la amnistía en el Congreso para forzar a Sánchez a blindarla aún más ante las causas judiciales por terrorismo y alta traición abiertas a Puigdemont.

Alberto Núñez Feijóo se jugaba su crédito por persona interpuesta –Alfonso Rueda– en las elecciones en su Galicia natal, que volvió a ser tierra de promisión para el líder del PP con una nueva mayoría absoluta que barrió al PSOE, Sumar y Podemos mientras el soberanismo del BNG lograba un resultado histórico aunque insuficiente para desalojar a la derecha.

Los socialistas aún rumiaban su descalabro cuando, con Sánchez de viaje en Marruecos, sufrieron el estallido del 'caso Koldo' con la detención del que había sido el hombre para todo de José Luis Ábalos. Abandonado por el presidente, el exministro y ex secretario de Organización del partido se pasó con armas, bagajes y aforamiento al Grupo Mixto.

Sánchez cedió y reajustó la amnistía a la medida de Junts, que dio luz verde a la ley en un pleno del Congreso preludiado por la decisión de Pere Aragonés (ERC) de adelantar las catalanas al 12 de mayo al quedarse sin Presupuestos, lo que añadió una convocatoria más a un ciclo electoral ya de alta carga.

Fueron los días en los que se destapó que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, estaba siendo investigado por presunto fraude tributario. Y en los que éste se querelló contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar supuestamente datos confidenciales sobre su pacto de conciliación, nunca consumado, con el Ministerio Público.

El día 21, Euskadi votó y otorgó la victoria por la mínima –en votos– a un PNV que vio cómo la izquierda abertzale post-ETA encarnada en EH Bildu se quedó al borde del sorpaso con su empate a 27 escaños. Pero la mirada sobre el escrutinio vasco apenas duró un suspiro: a las siete de la tarde del miércoles 24, Sánchez lanzó el órdago de todos sus órdagos al anunciar, en una carta a la ciudadanía, que se retiraba cinco días a meditar sobre si seguir o no en La Moncloa.

Un presidente «profundamente enamorado» sale en defensa de su mujer, Begoña Gómez, de la que se había sabido esa mañana que estaba señalada judicialmente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios; una causa de la que el jefe del Gobierno responsabiliza a PP y Vox en connivencia con miembros de la Magistratura. Con el PSOE aterrado ante un posible vacío de poder, congregado en Ferraz para implorarle que se quede, Sánchez confirmó que no iba a dimitir y proclamó su renovado 'leit motiv': combatir «la máquina del fango».

El tándem del presidente con Salvador Illa erigió a éste en gran vencedor de las elecciones catalanas, con un repunte de Puigdemont que se quedó corto y el hundimiento de una Esquerra sumida en un severo cisma interno. Por primera vez desde 1984, el soberanismo no atesora la mayoría en el Parlament.

La nueva campaña, esta vez hacia las europeas del 9-J, se abrió con una crisis diplomática entre el Gobierno y la Argentina de Javier Milei después de que éste –del que el ministro Puente había sugerido que ejerce drogado–, llamara corrupta a Begoña Gómez en un macromitin de Vox en Madrid.

Mayo concluyó con el reconocimiento por Sánchez del Estado palestino, tras meses de fricciones con Israel por la inclemente represión en Gaza de los crímenes de Hamás, y con la aprobación definitiva por el Congreso de la amnistía.

El BOE publicó el día 11 la ley llamada a exonerar los delitos del 'procés', dos días después de que los comicios europeos sellaran el intenso ciclo electoral –con victoria del PP, resistencia del PSOE e irrupción del populismo inclasificable de Alvise Pérez– y llevaran a Yolanda Díaz a renunciar al liderazgo orgánico de Sumar ante la erosión de su proyecto en las urnas.

Y junio acogió –otro espejismo en medio de la polarización– el acuerdo más esperado y trabajoso: el sellado por el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario del PP Esteban González Pons para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras un lustro de bloqueo. Reparto equitativo de los 20 vocales, compromiso de despolitizar el gobierno de los jueces y una presidencia que acabará en manos de la magistrada progresista Isabel Perelló, la primera mujer en liderar el CGPJ y el Supremo.

El mes se arrancó con campanadas –el Supremo se negó a amnistiar a Puigdemont de la malversación que le atribuye por el referéndum ilegal del 1-O y el juez García Castellón tuvo que archivar la causa por terrorismo contra él por un error– y ya no bajó el diapasón. A la doble citación de otro juez, Juan Carlos Peinado, a Begoña Gómez para declarar le siguió el insólito desplazamiento del instructor a La Moncloa para interrogar al presidente, en su condición de marido de la ya imputada; dos decisiones que provocaron sendas querellas –archivadas– de Sánchez y de su mujer contra el magistrado por supuesta prevaricación.

Con Canarias clamando solidaridad por los 6.000 menores extranjeros hacinados en las islas, Vox rompió con el PP en los gobiernos autonómicos por la política migratoria. Junts intensificó su presión sobre Sánchez tumbándole el techo de gasto, cimiento del Presupuesto, y la reforma quirúrgica de la ley de extranjería para aliviar, precisamente, la crisis canaria. El 29 disparó la traca final: el Gobierno encauzó la investidura de Illa pactando con ERC una suerte de concierto fiscal catalán que solivianta a las comunidades del régimen común.

El líder de Junts no había reconquistado el Govern, pero sí logró solapar la entronización de Illa con un regreso fugaz, mitin incluido, al corazón de Barcelona y nueva huida, burlando las acusaciones vigentes en su contra, a Waterloo.

La política doméstica perseveró por donde lo había dejado antes de vacaciones –Junts redobló sus avisos parando la ley, impulsada por Sumar, para regular los alquileres temporales–, con sobresalto en la exterior. El Gobierno acogió en España al candidato opositor al chavismo venezolano, Edmundo González, pero sin reconocerlo como presidente electo ante las sospechas del pucherazo de Nicolás Maduro en las elecciones en el país de julio. Las Cortes sí lo han hecho, a instancias del PP y con aval del PNV. Dos jóvenes bilbaínos permanecen retenidos por el régimen bolivariano acusados de espiar para el CNI.

El 29 de octubre quedará inscrito en la memoria colectiva como el día en el que una tormenta desmedida y feroz causó dos centenares de muertos y anegó en devastación la Comunidad Valenciana, con su presidente, el popular Carlos Mazón, señalado por no haber estado en su sitio aquella fatídica tarde y con críticas de vuelta al Gobierno de Sánchez por haber escatimado supuestamente recursos.

Será lo más inolvidable de un mes en que el cofundador de Podemos y portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, tuvo que dimitir por las denuncias de violencia sexual, en el que el Supremo imputó por primera vez en democracia al fiscal general por la difusión de los datos del novio de Ayuso y en el que el pasado etarra se volvió a hacer presente con la controversia por el cómputo de las penas a presos purgadas en Francia que aligerará sus condenas. Junts reeligió a Puigdemont como su presidente.

Un pueblo valenciano arrasado por la dana –Paiporta– clamó contra el abandono institucional ante la visita oficial de los Reyes, Sánchez y Mazón. Bajo una lluvia de gritos y barro arrojado, Felipe VI aguantó en la calle la insólita indignación ciudadana, mientras la escolta tuvo que sacar del lugar al presidente del Gobierno por el riesgo para su integridad.

Mientras, los tribunales bulleron: el Supremo imputó a Ábalos; una jueza de Badajoz lo hizo con David Azagra, el hermano músico de Sánchez sospechoso de haber recibido trato de favor; Víctor de Aldama, el conseguidor del 'caso Koldo' y presunto cerebro también de un fraude multimillonario en hidrocarburos, recobró la libertad gracias a un pacto con la Fiscalía a cambio de pruebas de las supuestas mordidas con las que apunta a ministros y cargos del PSOE; y Juan Lobato desfiló también por el Supremo tras haber levantado secretamente acta notarial de los chats comprometedores contra el fiscal general y La Moncloa en el 'caso González Amador' y verse obligado a renunciar, por ello, al liderazgo de los socialistas madrileños. El congreso federal del PSOE de Sevilla se transformó en un acto de exaltación de Sánchez y de denuncia de una suerte de 'lawfare'.

El Gobierno ha cerrado 2024 con Junts apretándole un poco más si cabe las tuercas –con exigencia al presidente de que se someta a una cuestión de confianza y votación conjunta con el PP y el PNV para derogar el impuesto a las energéticas–, Podemos haciendo valer también el peso de sus cuatro escaños y una ristra de declaraciones judiciales –de nuevo Begoña Gómez y De Aldama, además de Ábalos y Koldo García– que proseguirá a la vuelta de las Navidades. Como retornará la investigación sobre el fiscal general, después de que la UCO, en busca de pruebas, se topara con un móvil vacío por decisión del propio Álvaro García Ortiz.

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