Andalucía sólo recupera 15 millones de los ERE y da 25 por perdidos

El Consejo de Gobierno andaluz conoció en su última sesión el informe elaborado por la Consejería de Hacienda sobre la recuperación de fondos en el fraude de los ERE, especialmente significativo después conocerse que la sentencia de la denominada pieza política, que condena a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos, considerase que los 680 millones concedidos bajo transferencias de financiación fueron ilegales.

Según los datos facilitados ahora tras cruzar información entre las diferentes consejerías, la Junta de Andalucía habría pagado en este tiempo 402 millones de euros por prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis, y quedan pendientes de pago otros 63 millones de euros hasta el año 2025 para 3.251 trabajadores. En ningún caso los denominados «intrusos» estarían entre esos beneficiarios. «El sistema consistía en que para que hubiera algunos intrusos tenía que haber muchos legales», reprochó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo.

Más enrevesado es el escenario judicial y administrativo en aquellos procedimientos donde se detectaron anomalías. Durante el mandato socialista se inició la revisión de oficio de 218 expedientes, de los que 91 acabaron en la justicia. Hay 28 sentencias que son favorables a la administración por 18 millones de euros, y mientras que otros 20 expedientes por valor de 13,7 millones están aún en espera de sentencia. Otras seis ayudas por importe de 5,7 millones están todavía en fase de revisión.

Asimismo, la Consejería de Empleo declaró la nulidad de las ayudas y la devolución de 36,1 millones de euros, de los que no hubo reclamación alguna por parte de los beneficiarios, a los que se suman los 35,5 millones de 18 expedientes que el Consejo Consultivo o el Gabinete jurídico consideraron que cabía someterlos a esa revisión de oficio. El Ejecutivo andaluz no oculta sus dudas sobre este bloque, que asciende a 71 millones, ya que temen que el paso del tiempo contribuya a la prescripción o la desaparición de los responsables a los que reclamar la devolución. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas reclama además la devolución de 118 millones de euros, y cuenta ya con sentencias favorables a la Junta por 17 millones de euros.

Por otra parte, el juzgado de instrucción 6 de Sevilla atendió este martes la petición de la Fiscalía y ha abierto diligencias para determinar si hay indicios de criminalidad en la concesión de un préstamo de 5,8 millones a una empresa cárnica de Jaén en 1999. Anticorrupción solicitó la imputación por prevaricación administrativa y malversación de Manuel Chaves y cuatro de sus exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías, al entender que «nunca hubo voluntad» de recuperar la totalidad de esa ayuda, concedida bajo la fórmula de préstamo puente o anticipo hasta la llegada de subvenciones.