Cecilia Cuerdo
Sevilla
Jueves, 5 de julio 2018, 19:44
Las labores de recuperación en Andalucía del dinero concedido supuestamente de forma irregular en el caso de los ERE fraudulentos o los cursos de formación avanzan a paso de tortuga. Según los datos ofrecidos este jueves por el gobierno regional, a 1 de julio solo ... se habían recobrado 20,7 millones de euros de ambos casos judiciales. Una cifra que supone menos del diez por ciento del total que se reclaman, ya que la Junta de Andalucía ha solicitado la devolución total de 284,3 millones, cantidad no obstante que no es definitiva dado que numerosas ayudas están en fase de justificación y alegaciones por parte de los beneficiarios.
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El consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, detalló que es precisamente en el caso de los cursos de formación donde la devolución de las ayudas va a mejor ritmo. Se han recobrado ya 14,1 millones (el 9,3 por ciento) de los 149 que se reclaman en fase de reintegro tras la revisión de 6.501 expedientes de los cursos subvencionados desde 2007 a 2011. Aún quedan por revisar otros 2.004 informes, por lo que la cantidad puede aumentar.
Por su parte, en el caso de los ERE fraudulentos la Junta ha recuperado 6,7 millones de euros, apenas un cinco por ciento de los 135,3 millones de euros reclamados por la vía administrativa. El grueso (5,6 millones) corresponde a empresas, en torno a un millón de euros ha sido devuelto por personas físicas y el resto procede de ayuntamientos y otros organismos que recibieron estas subvenciones y no han podido justificar el destino de los fondos
La oposición, y especialmente el PP, siempre ha cuestionado la voluntad del ejecutivo andaluz para recobrar este dinero, y pone en duda las cifras insistiendo en que el agujero a las arcas públicas causado por ambos casos es mayor. De hecho, los populares, personados como acusación particular en el caso ERE, ponen el acento en que el fondo de Empleo con el que se pagaron las ayudas irregulares se nutrió de 854 millones de euros durante los 11 años que investigan los jueces.
Sin embargo, Arellano insistió este jueves en que el ritmo de recaudación de los reintegros «no depende de voluntad de los órganos gestores de la Junta». Así, recordó que el 62 % de lo que queda por cobrar está aún en período voluntario en fase de providencia de apremio, y por tanto paralizado judicialmente, mientras que el 40 porcentaje restante se encuentra en fase recaudatoria pero con dificultades para reconocer a los deudores, o éstos están embargados y no pueden afrontar los pagos. «No hay demora de cobro, sino que hay que respetar los plazos y procedimientos y el derecho a reclamar las revisiones», espetó el consejero frente a la acusación del PP de que la Junta de Andalucía «hace lo mínimo» por recuperar el dinero defraudado. Y apuntan a que esta actitud supone «doble fraude», culpando del mismo «al PSOE y a la Junta por amparar a los suyos».
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