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«El Govern ha cruzado una línea roja». En esos términos describen desde la CUPel acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat para dotar de 1.700 millones de euros a la ampliación del Aeropuerto de El Prat y que se selló el lunes ... en una reunión no anunciada entre el vicepresident, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Aunque hay voces críticas –pero también tímidas– entre los dos partidos que conforma el Gobierno catalán (ERCy Junts), la maniobra ha molestado especialmente a la CUP, cuyos votos hicieron posible la investidura de Pere Aragonès el pasado 21 de mayo. Los antisistema han pedido al Govern que comparezca para explicar el contenido de lo que califican como «una reunión secreta». Unas quejas que son extensibles a los comunes, cuya líder, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también hizo públicas. «Suena a pelotazo de los de toda la vida», señaló tras reconocer su «perplejidad».
La cuestión es delicada porque ambas formaciones, que disiente del fondo y de las formas, amenazan con retirar su apoyo a los Presupuestos catalanes de 2022, los primeros con Aragonés al frente del Ejecutivo, ya que consideran la remodelación del aeródromo una «traición» en toda regla. Tanto la CUP como los comunes creen que se trata de la consecución de un «modelo económico ya agotado» y que causará un impacto medioambiental en el entorno del Delta del Ebro, concretamente en el espacio natural de La Ricarda.
Sin embargo, tanto la ministra Sánchez como el vicepresident Puigneró, insistieron el lunes, en dos ruedas de prensa separadas, en que el proyecto aún no está asegurado y que previamente debe presentarse de forma conjunta ante la Unión Europea. Sin el visto bueno de Bruselas, apuntaron, el acuerdo quedará en papel mojado.
Pero desde Junts van incluso más allá y defienden que el futuro 'hub' internacional de El Prat se convertirá en «el aeropuerto más verde de Europa». También se comprometen a reducir «al mínimo» la afectación de las actuaciones sobre el territorio, una visión que no comparten los colectivos ecologistas ni las plataformas ciudadanas SOS Baix Llobregat y l'Hospitalet, que también se oponen a la ampliación.
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