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El PP se había propuesto la semana pasada no entrar en los pormenores de la sentencia del Tribunal Supremo y mantener la actitud de quien aspira a ser relevo en la Moncloa. El propio Pablo Casado evitó el lunes valorar el contenido de la resolución ... y celebró que «quien la hace, la paga». Aun así, en las filas conservadoras se escucha el lamento por haber quedado descartado el delito de rebelión. La más explícita fue Cayetana Álvarez de Toledo, que confesó su «decepción» con «algunos aspectos» del relato de los magistrados.
«A mí me resulta sorprendente que un golpe a la Constitución pase por una ensoñación para presionar y negociar», cuestionó en una entrevista en la Cadena Cope en la que expresó también sus «dudas» sobre la «idoneidad» de haber hecho público el fallo en precampaña. A su juicio, el Tribunal Supremo podría haber reflexionado al respecto e incluso postergado un mes su decisión.
Casado, mientras tanto, atribuyó el pronunciamiento de los magistrados a las «carencias en el ordenamiento jurídico» y reivindicó la necesidad de legislar para que las resoluciones «se adapten más a la gravedad» de lo sucedido. «Vamos a recuperar un delito de rebelión impropia que habría permitido, probablemente, que los españoles se sintieran más identificados con la sentencia», sugirió el descontento en su visita a Ávila.
El PP había evitado en las primeras horas cualquier posible cuestionamiento en público o privado. Los populares aparcaron incluso la urgencia de aplicar la Ley de Seguridad Nacional y condicionaron esta medida al desarrollo de los acontecimientos en las calles de Cataluña. Fuentes del partido subrayaron el lunes por la noche que las fuerzas de seguridad estaban ya actuando.
Casado avanzó hoy, sin embargo, que en caso de que continúen los intentos de sabotaje en las comunicaciones, el Gobierno tendrá que recurrir a esta legislación. «Si hay que preservar el orden público y las infraestructuras críticas del Estado, en cualquier momento en el que haya una inacción por parte del cuerpo policial de los Mossos d'Esquadra, no por culpa de sus integrantes, sino de sus mandos políticos -puntualizó-, el Gobierno debe aplicar la Ley de Seguridad Nacional».
Además, reclamó al PSOE que rompa sus acuerdos en las instituciones catalanas con los partidos independentistas, tanto en los ayuntamientos como en la Diputación de Barcelona, si quiere contar con el respaldo del PP. De lo contrario, aseguró que el Ejecutivo no tendrá «credibilidad» para afrontar el desafío secesionista.
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