La agonizante 'ley mordaza' cumple 5 años con buena salud

A pesar de las promesas de casi todos de acabar con ella cuanto antes, el Gobierno de PSOE-Podemos, dos de las formaciones que con más ahínco han defendido su reforma, han convertido a su odiada 'ley mordaza' en un pilar esencial de la aplicación del estado de alarma durante la pandemia, ya que esta normativa ha sido la que ha servido al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para imponer más de un millón de multas a los infractores del confinamiento.

La nueva 'aliada' del Ejecutivo, sin embargo, fue maldecida por ese mismo Gobierno desde su propio nacimiento. De hecho, su muerte fue una de las promesas del acuerdo del pacto del abrazo que alumbró el Gobierno de coalición a finales del año pasado. El cambio fulminante de la normativa iba a ser uno de los primeros grandes proyectos comunes, pero la maldición de la reforma de la 'ley mordaza' volvió a aparecer por partida doble. Primero en febrero cuando el tribunal de Estrasburgo bendijo, contra todo pronóstico, las expulsiones en caliente en las vallas, un anexo que el PP metió en 2015 en el texto para legalizar estas deportaciones y que Marlaska aspiraba a borrar del texto sin más. Y luego, llegó la pandemia que lo bloqueó todo…excepto la aplicación de la propia 'ley mordaza'.

Pero Estrasburgo o la Covid-19 han sido solo los últimos capítulos de la maldición de la reforma, que ha incluido de todo: solapamientos, mociones de censura, elecciones anticipadas, crisis políticas, dimisiones, legislaturas fallidas…

El tema ya arrancó de manera extraña cuando se presentaron dos textos alternativos a la actual normativa a finales de 2015 y principios de 2016 por parte del PSOE y del PNV, lo que obligó a la primera demora para la fusión. Aquel texto del PSOE –y ahí radica otro de los retrasos– fue presentado por la gestora socialista, ya que Sánchez había sido defenestrado en octubre de 2016, y ese articulado no convencía para nada a los partidarios del ahora presidente.

Con un PSOE en crisis y un PP al que no le interesaba acelerar la caída de su propio texto, la reforma fue retrasada con ampliaciones de plazos para presentar enmiendas durante todo 2017. Con Sánchez de nuevo al frente del PSOE, y con un acuerdo amplio de toda la Cámara para ponerse las pilas, incluso con la anuencia del PP entonces en el Gobierno, los trabajos arrancaron, pero para frenarse de golpe porque en junio el cambio de Ejecutivo de la moción volvió a arrinconar la «ley mordaza».

En otoño de 2018 el Congreso se conjuró para aprobar cuanto antes la asignatura pendiente. Los grupos presentaron 216 páginas de enmiendas. Un trabajo titánico. Pero aun así, en febrero de 2019, sucedió el milagro: todos los grupos, incluido el PP en muchos de los aspectos, alcanzaron un preacuerdo que suponía el fin de algunas de las medidas más contestadas del texto: dejaban de ser infracciones la difusión de agentes de las fuerzas de seguridad, la convocatoria exprés de manifestaciones o las concentraciones pacíficas en los alrededores de los Parlamentos. La reforma se tocaba con los dedos.

Pero todo quedó en papel mojado solo días después. El martes 5 de marzo, Pedro Sánchez disolvía las Cortes y convocaba elecciones, decayeron 302 iniciativas legislativas. Una de ellas era la 'ley mordaza'.

Al final, 2019, el año en el que a punto estuvo de hacerse realidad el fin de la normativa, fue un año perdido. La legislatura fallida por la imposibilidad de Sánchez de formar Gobierno y la repetición de elecciones impidieron retomar una reforma que en 2020 la pandemia ha vuelto a postergar sin fecha.