Casado se plantea llevar a Batet a los tribunales por prevaricación si no suspende a los diputados presos

Lo había anticipado el secretario general del partido. Teodoro García Egea anunció que en caso de parálisis, los populares promoverán la reprobación de la presidenta del Congreso, además de estudiar la posibilidad de acudir a los tribunales. Siempre con el condicional por delante, el número dos del PP advirtió de que su partido se plantearía actuar contra Batet por prevaricación y «desobediencia».

El aviso se enmarca en la ofensiva de la formación conservadora contra el PSOE y la presidenta del Congreso después de que el martes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull acataran la Constitución como diputados con fórmulas alternativas al «sí, prometo» o «sí, juro». La «lealtad al mandato del 1 de octubre», es decir, el referéndum de 2017, o las referencias a los «presos políticos» pusieron en pie de guerra a PP, Ciudadanos y Vox.

Los populares sostienen que Batet no debió permitir este tipo de juramentos. Por eso el PP se dirigió a la Mesa del Congreso para solicitar «el acta taquigráfica» del pleno y revisar las expresiones de los diputados independentistas, aunque los micrófonos estuvieran apagados. También Ciudadanos quiere que se transcriba la literalidad de lo ocurrido para corroborar la validez del acatamiento de la Constitución.

Para el PP, además, ningún hecho puede considerarse aislado. El partido ha rescatado su tesis de pactos «ocultos» entre el PSOE y los independentistas y ve en cada gesto nuevas muestras que prueban sus sospechas. Se ha convertido, de hecho, en un argumento electoral con el que pedir el voto para los populares el 26-M.

Casado reitera en sus mítines que se negocia la cesión de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez a cambio de indultos para los dirigentes secesionistas en caso de condena. Da por hecho que a eso se refería el presidente en funciones cuando respondió a Junqueras en el hemiciclo «no te preocupes».

Para intentar impedir ese escenario, el PP volvió a registrar ayer en el Congreso una propuesta de reforma que prohíba conceder medidas de gracia a sentenciados por rebelión o sedición. El líder de los conservadores también reclamó, aun sin especificar cómo podría hacerse, que el Ejecutivo no permita el «escarnio» de que el Rey tenga que recibir en su ronda de contactos a Jordi Sànchez como representante de Junts per Catalunya.