El juez Pedraz acuerda investigar la "guerra sucia" policial que denunció Podemos

En un auto conocido de este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco admite la querella de forma parcial, ya que, siguiendo el criterio de la Fiscalía, rechaza encausar al exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.

Cabe recordar que la querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desecha estos dos últimos ilícitos penales. Sobre Fernández Díaz o Cosidó señala que los indicios presentados sobre su conocimiento de los hechos son insuficientes por ahora.

En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política». Y apuntaron que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación afines bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» y su objetivo final era desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la reputación de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indica la querella, se concretó en ocho actuaciones: la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento «falsario» de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

En su auto, el juez Pedraz explica que una vez examinada la querella y verificado que algunos de los hechos serían competencia de la Audiencia Nacional y constitutivos de posible infracción penal procede su admisión. Una de las primeras diligencias es pedir a su compañero Manuel García Castellón información que obra en el 'caso Villarejo' relativas al examen del contenido de los mensajes que hubiera en el móvil de Francisco Martínez.

En cuanto a las diligencias solicitadas por Podemos, el magistrado rechaza las declaraciones testificales de periodistas por cuanto se refieren a las fuentes de información de los medios, «no estando obligados a declarar los profesionales del periodismo sobre las mismas». Pedraz añade que tampoco aparece en el relato de hechos que los medios participaran en la difusión de noticias falsas a sabiendas que lo eran, por lo que su actividad está amparada por el secreto profesional y por el artículo 20 de la Constitución, que reconoce el derecho a la información.