Los actos a favor de los presos etarras dirigen la presión sobre jueces y fiscales

El espíritu de las convocatorias fue el mismo de siempre: recordar la situación que viven los 196 reclusos y exigir el fin de la política penitenciaria «de excepción» en la que el Gobierno , dicen los organizadores de las marchas, sigue «empecinado» pese a haberse cumplido hace apenas unos meses el décimo aniversario del fin de la violencia etarra.

La escenografía se repitió, pero el contexto en el que se han desarrollado las manifestaciones nada tiene que ver con el de ocasiones anteriores. Según los datos de Sare, por primera vez más de la mitad de los presos de ETA (91) se encuentran cumpliendo condena en cárceles e instituciones médicas del País Vasco y Navarra o en sus propios domicilios, y el resto (84) lo hacen en prisiones del centro o del norte de España. En Francia, tres cuartas partes de los reclusos (21) se reparten entre los centros más cercanos a la frontera.

El nuevo mapa penitenciario es consecuencia de la política de acercamientos emprendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante los dos últimos años. 143 traslados contabilizó la Asociación de Víctimas del Terrorismo solo en 2021, una cifra récord. La tendencia, y el traspaso de la gestión de las cárceles autonómicas al Gobierno vasco –este sábado se cumplían 100 días–, hace que el entorno de los presos considere suprimida de facto la política de dispersión, así que ha empezado a redirigir sus reivindicaciones. Pudo comprobarse este sábado. Las críticas más duras ya no se dirigieron hacia Moncloa, sino a los jueces. «Miran permanentemente a través del retrovisor, entorpecen el camino hacia la normalización», lamentó Joseba Azkarraga, portavoz de Sare.

La izquierda abertzale ha trasladado al entorno de Sánchez la necesidad de hacer modificaciones de calado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un órgano clave en la concesión de progresiones de grado y beneficios penitenciarios para los presos de ETA. El Ministerio Público se ha convertido en estos momentos en el principal obstáculo para la estrategia diseñada por los independentistas al rechazar durante los últimos meses varias resoluciones de las juntas de tratamiento de las cárceles favorables a flexibilizar las condenas de algunos reclusos.

Sare incidió este sábado en este asunto. En el comunicado leído al final de la manifestación de Bilbao la plataforma ciudadana ha acusado a la Justicia de aplicar «cadenas perpetuas encubiertas» y «mantener bloqueadas» las progresiones de grado y la concesión de permisos cuando, según sus cálculos, la mitad de los presos de ETA deberían estar ya en libertad condicional. Más explícito aún fue el secretario general del sindicato ELA Mitxel Lakunza, que calificó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional como «un obstáculo para la convivencia» que «le corresponde arreglar al Gobierno».

Además de la central abertzale, la práctica totalidad de los sindicatos vascos se sumaron a las marchas convocadas por Sare. También participaron o delegaciones de EH Bildu, Podemos Euskadi y Navarra y una amplia delegación de los partidos independentistas catalanes que han liderado los dirigentes encarcelados por el 'procés' Jordi Sànchez y Carme Forcadell. La novedad en esta ocasión fue la presencia del BNG gallego.

Destacó en cambio la ausencia del PNV, que por la mañana anunció que no volverá a participar en las manifestaciones a favor de los presos de ETA que organice Sare o cualquier otro colectivo. Lo hizo porque cree que «tiene un efecto negativo» en la flexibilización de la política penitenciaria que se les aplica a los reclusos, la gran reivindicación que pretenden pones a poner sobre la mesa a partir de ahora, según señaló en Bilbao la parlamentaria nacionalista Irune Berasaluze.