El acelerado viraje del Gobierno hacia la amnistía

El pacto entre el PSOE y Junts que garantizará la investidura de Pedro Sánchez se sustenta sobre una ley de amnistía que supondrá el borrado de los hechos delictivos del 'procés'. La norma será presentada como proposición de ley, con la firma de todos los grupos que apoyan, en el Congreso de los Diputados, donde comenzará una procelosa tramitación. El Ejecutivo da el paso definitivo para obtener los votos de las fuerzas independentistas cuando han pasado apenas dos semanas desde que Pedro Sánchez admitiese -por primera vez y de forma pública- que negociaba la medida de gracia con Carles Puigdemont porque era preciso hacer «de la necesidad virtud» tras el escrutinio del 23 de julio. Hasta ese 28 de octubre en el que el presidente en funciones justificó sin ambages la amnistía, tanto él como sus ministros venían de negar la mayor: no iba a haber perdón para los encausados por la intentona separatista porque la medida era inconstitucional. Frase a frase, así ha ido modelando el Ejecutivo su opinión.

Meses después de conceder los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el 1-0, Gobierno y Generalitat volvían a activar la mesa de diálogo. Pero el encuentro solo servía para constatar las posiciones alejadas entre ambas partes.

En los mismos términos se pronunciaba Juan Carlos Campos, entonces titular de Justicia, que había sido el encargado de tramitar las medidas de gracia individuales para Oriol Junqueras y el resto de políticos separatistas encarcelados.

Eran los tiempos en los que el hoy presidente del Gobierno en funciones no solo rechazaba el referéndum de autodeterminación, sobre lo que mantiene su negativa, sino también sobre la amnistía reclamada por el secesionismo.

En 2022 el Gobierno no cambió su opinión respecto a la amnistía e insistió en el mismo mensaje: que esta no cabía en la Constitución. El líder del PSOE, tras reformar el Código Penal para suprimir el delito de sedición y suprimir el de malversación -una de las exigencias del independentismo para que conservara su apoyo la pasada legislatura- insistía en ese mismo mensaje.

Un no refrendado por el primer secretario del PSC, el exministro de Sanidad en la pandemia Salvador Illa.

Ya en este 2023, hace apenas cuatro meses y en plena campaña para las elecciones del pasado mes de julio, Sánchez es preguntado por una posible amnistía. Su respuesta, invariable: «no».

El escrutinio de las generales del 23-J supuso un antes y un después en la posición del PSOE respecto a la amnistía. Pero incluso el día posterior a los comicios, cuando los números evidenciaban que los socialistas solo podían retener la Moncloa con un pacto múltiple que incluyera a todo el soberanismo, incluyendo al Junts del prófugo de la justicia Carles Puigdemont, seguían recalcando que la medida de gracia «no era factible desde el punto de vista del respeto al Estado de derecho».

Y el portavoz parlamentario de los socialistas y exlehendakari vasco, Patxi López, después de que el PSOE consiguiese el aval de los partidos independentistas para que Francina Armengol se convirtiese en la presidenta de la Cámara baja Junts y ERC vetaron a su predecesora, la catalana Meritxell Batet, negaba que el acuerdo tuviese algo que ver con la posible amnistía.

Y el portavoz parlamentario de los socialistas y exlehendakari vasco, Patxi López, después de que el PSOE consiguiese el aval de los partidos independentistas para que Francina Armengol se convirtiese en la presidenta de la Cámara baja Junts y ERC vetaron a su predecesora, la catalana Meritxell Batet, negaba que el acuerdo tuviese algo que ver con la posible amnistía.

Pero el devenir de los acontecimientos evidenciaba que el PSOE iba explorar el acuerdo de investidura con todas sus consecuencias, incluyendo la amnistía. Pese a que se pasó de negarla a no mencionarla por todas sus letras.

La portavoz del Ejecutivo se manifestaba de esta forma al ser preguntada el pasado 6 de septiembre por la posible ley para exonerar a los encausados del 'procés'. La dirigente socialista trataba de desvíar la atención entonces y aprovechaba para atacar al Partido Popular: «La Constitución se cumple en toda España menos en un solo lugar: la calle Génova bajo el amparo de Feijóo».

Así negaba también la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, hace menos de dos meses que el Gobierno estuviese negociando una ley de amnistía con Junts y ERC, asegurando que en ese momento -aún se debía celebrar la fallida sesión de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo- «no se daba el escenario propicio para ello». Unas manifestaciones que realizó sin mencionar, una vez más, la palabra tabú.

Sánchez aprovecha un viaje a Nueva York para abrir paso por primera vez a la amnistía, aunque, de nuevo, sin citarla.

Patxi López, en vísperas de la investidura fallida de Feijóo en el Congreso, negaba siquiera que PSOE y las fuerzas independentistas estuviesen hablando -que no negociando- de la medida de gracia a los encausados por el 1-0.

El mes pasado, cuando en el PSOE no daba por hecho el pacto con los independentistas, María Jesús Montero, número dos de los socialistas, ministra de Hacienda en funciones y negociadora de Sánchez, aseguraba que aún faltaba tiempo para dar luz verde a la amnistía.

No fue hasta el 28 de octubre cuando el candidato del PSOE aprovechó el comité federal de los socialistas para defender ante los suyos -por primera vez y de forma pública- la amnistía. Era el paso del Rubicón, en medio de una creciente tensión contra la medida.

Illa también se mostró a favor de la medida de gracia al 'procés' en ese mismo comité federal al proclamar que es «la mejor garantía» para apuntillar los tormentosos efectos que provocó el desafío separatista en Cataluña».

Tres meses después de las elecciones del 23-J, Pedro Sánchez da luz verde de forma definitiva a la exigencia de más hondo calado del independentismo catalán desde que celebró la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, detonante de todo el enjuiciamiento que vino después. El expresident catalán, Carles Puigdemont, prófugo del Supremo desde hace seis años en Waterloo, ha sido rehabilitado políticamente y lo será judicialmente teniendo en sus manos la gobernabilidad de España.

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