Era una ocasión inmejorable para reivindicar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Carlos Lesmes ha sabido aprovecharla. El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo ha sacado su perfil más combativo en el discurso del acto de apertura del año ... judicial. Ante la presencia del Rey y de la cúpula judicial, bajo la atenta mirada de ministros del Gobierno y del líder de la oposición, el popular Pablo Casado, Lesmes tachó de «seria anomalía» la interinidad en la que vive el órgano de gobierno de los jueces desde diciembre de 2018.
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Una grave situación causada por la falta de acuerdo entre PSOE y PP tras la intromisión en la negociación de sus dos máximos responsables, Pedro Sánchez y Pablo Casado, cuando el pacto ya estaba encarrilado. Los dos mediadores, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo y el consejero madrileño del ramo, Enrique López, ambos magistrados y amigos, habían llegado a finales de julio a un principio de entendimiento.
Con este contexto, y después de que Lesmes haya remitido al Congreso varias cartas para recordar al Poder Legislativo su responsabilidad con los órganos constitucionales, el presidente del CGPJ ha comenzado su discurso mencionando este inmovilismo de los dos grupos prlamentarios (la suma de escaño de PSOE y PP les permite negociar en solitario la renovación).
«La renovación de las instituciones sigue sin producirse pese a lo que venimos reclamando insistentemente. Este retraso representa una sería anomalía. Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración de cada mandato del Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones», ha señalado ante la atenta mirada del Rey, de Campo y de Casado en el Salón de Plenos del Supremo.
Tras este rapapolvo, Lesmes tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para recordar que el Consejo, mientras espera su renovación, debe seguir cumpliendo con sus funciones. Y entre ellas está el nombramientos de cargos discrecionales en la judicatura. Una decisión que ha sido muy criticada por varias asociaciones judiciales y fiscales por su falta de legitimidad. Hasta en dos ocasiones el Consejo ha suspendido el sistema de elección este año para dar una oportunidad a la negociación política. Pero no ha habido resultado.
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El Consejo, ha seguido Lesmes, «tiene asignada por esa misma Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y regimen disciplinario. Funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque todo lo contario sería incumplir la propia norma fundamental con grave quebranto a la justicia española, a la que dañará una paralización institucional en el tiempo en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes», ha defendido.
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