¿Puede quedarse Carles Puigdemont en Bélgica?

Cualquier nacional de un Estado de la Unión Europea puede residir 90 días en Bélgica sin problemas. Más allá de ese plazo se expone a una situación de ilegalidad, a no ser que presente un justificante de residencia motivada por trabajo, reagrupación familiar o que demuestre tener medios financieros suficientes que le permitan no trabajar.

Pero eso es en teoría. En la práctica, "si sale del territorio nacional antes de los 90 días, el ciudadano de la UE puede beneficiarse de nuevo de una residencia de tres meses", explica Dominique Ernould, portavoz de la Oficina de Extranjería. El propio Puigdemont evocó el martes el principio de "libre circulación" de personas del que pueden gozar los ciudadanos de la UE.

Los ciudadanos de la UE pueden presentar una solicitud en otro Estado miembro, y se benefician de un procedimiento acelerado. Pero si el líder independentista catalán reclama finalmente el asilo, hay pocas probabilidades de que se le conceda, según el Comisariado General para los Refugiados y los Apátridas (CGRA). "Desde hace cinco años ningún nacional de países de la UE ha obtenido el asilo en Bélgica", asegura Damien Dermaux, portavoz del CGRA. "En Bélgica se examinan dichas solicitudes [...] pero partimos de la idea de que se trata de solicitudes manifiestamente infundadas, ya que proceden de terceros países seguros".

Probablemente esa posibilidad fue la que llevó a Puigdemont a reunirse el lunes con un reputado abogado belga, Paul Bekaert. "Sabiendo que se le podría denunciar por rebelión, es una sabia decisión buscar un abogado", declaró este.

La fiscalía general española ha presentado una querella por "rebelión", "sedición" y "malversación" contra Puigdemont y los miembros de su ejecutivo, también destituidos. El delito de rebelión puede conllevar hasta 30 años de prisión.

La decisión de emitir una orden de detención depende de la jueza, que este martes los convocó a comparecer el jueves y viernes en Madrid. Si se emitiera, "Bélgica no tendría muchas posibilidades de rechazarlo", destacó Maxime Chomé, abogado en Bruselas. La orden debe referirse al sospechoso de una infracción "pasible de al menos tres años de prisión", explicó, como sucede en este caso.

Existen vías de recurso si el interesado rechaza su extradición, pero llegan a término "con muy poca frecuencia", según este jurisconsulto. "La idea de base de la orden de detención europea es que se confía en los derechos fundamentales del país que la emite. España no se trata de un país que practique la tortura", añadió.

La presencia de Puigdemont en suelo belga podría prolongar las tensiones surgidas hace un mes entre Bélgica y España, socios tanto en la UE como en la OTAN. El 1 de octubre, cuando se celebró en Cataluña el referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional y que estuvo marcado por violentas cargas policiales, la UE y sus Estados miembros fueron firmes en su apoyo a Madrid. Pero el primer ministro belga Charles Michel fue menos contundente y llamó al diálogo para resolver la crisis. En su última declaración, este martes, el líder belga ha afirmado que "será tratado como cualquier ciudadano europeo, ni más ni menos".

Los nacionalistas flamencos del N-VA, pilares de la coalición en el poder desde 2014, son muy sensibles con esta causa. Una de sus figuras emblemáticas, el ministro Theo Francken, consideró el domingo que "no es poco realista" que Puigdemont presentara una solicitud de asilo en Bélgica, y dio a entender que su país podría ofrecérselo.