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La Abogacía del Estado ha seguido la línea de la Fiscalía del Tribunal Supremo y se ha opuesto a la libertad provisional de los acusados del 'procés' que han solicitado salir de prisión tras concluir el juicio. Los servicios jurídicos dependientes del Ministerio ... de Justicia han pedido al tribunal que desestime los motivos aludidos por las defensas para pedir las excarcelaciones: que la vista oral ha finalizado y que tienen arraigo familiar que disminuye el riesgo de fuga.
La Abogacía rebate estos argumentos y recuerda que no ha acabado el proceso penal, ya que los jueces del Supremo deben todavía deliberar y dictar sentencia, por lo que dejarles en libertad podría poner en riesgo la ejecución del fallo. En el caso de esta acusación, solicita entre siete y 12 años de cárcel para los acusados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
Este organismo se remite además a la doctrina marcada por el propio tribunal del Supremo, que le ha denegado en sucesivas ocasiones a lo largo de los últimos meses las peticiones de libertad formuladas por los dirigentes independentistas acusados.
La Sala presidida por Manuel Marchena sostiene que no han variado las circunstancias por las que se decretó en un primer momento la prisión provisional de los acusados: el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Los mismos motivos aludidos ayer por la Fiscalía, que valoró además la última palabra de los presos en el juicio para respaldar sus argumentos.
La Abogacía rechaza también que se pueda alegar el informe del grupo de trabajo de la ONU , que calificó de «arbitraria» la prisión provisional de varios de los acusados; subraya que no se trata de un documento vinculante y recuerda que ese grupo no es ni siquiera un comité de Naciones Unidas
Las posiciones de la Abogacía en el juicio del 'procés' han estado siempre bajo el foco político. Ocurrió con el escrito de acusación, al atribuir a Oriol Junqueras y sus compañeros presos un delito de sedición y no de rebelión, y en el caso del presidente de ERC por apoyar la semana pasada el permiso para recoger el acta de eurodiputado. Una petición que fue rechazada por el tribunal.
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