Los 4.500 millones de multa al emperador de la «economía parasitaria»

Para más de la mitad de los acusados se han decretado fianzas de más de 60 millones, además de elevadas peticiones de prisión. Y en el caso de los cabecillas, según el juez instructor José Luis Calama, se sitúa en los 103 millones a Gao Ping, de 58 años. La misma cantidad a su mujer Linzhen Yang y al empresario Weizhen Yang. En un segundo escalafón se encuentran el actor porno Ignacio Jordá, alias Nacho Vidal, o los hermanos Patxi y Pedro Garmendia, empresarios vascos propietarios del Grupo Altube, señalados por usar presuntamente la red de evasión fiscal del entramado. A lo tres les reclaman 66 millones de euros.

La instrucción ha sufrido múltiples vaivenes y relevantes derivadas desde que estalló en 2012. Ha pasado por las manos de tres jueces instructores -el primero de ellos, Fernando Andreu, hoy en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se apartó por amistad con un encausado-, pero el protagonismo lo ha tenido la Fiscalía Anticorrupción, con José Grinda y Juan José Rosa a la cabeza. Sobre ellos recae el peso de sostener en el juicio los indicios incriminatorios recopiladas. Pero vistos los antecedentes y la complejidad del caso, no lo tendrán fácil.

En 2017 la Sala absolvió a siete policías acusados de cohecho y tráfico de influencias en una pieza separada de 'Emperador'. Las fuentes de prueba presentadas por estos fiscales fueron insuficientes para condenarlos. Uno de estos acusados fue el jefe del aeropuerto Madrid-Barajas Carlos Salamanca, detenido meses después junto a José Manuel Villarejo en la 'operación Tándem'. Igualmente, el nombre del popular comisario había salido a la palestra en la misma causa de Gao Ping, después de que la unidad de Asuntos Internos señalara a su hijo en las pesquisas. Desde entonces nada fue igual para él.

La presión añadida para los fiscales también llega por el interés mostrado en este procedimiento por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que hace una década reforzó su unidad económica para proteger la deuda soberana española de los ataques especulativos. No fue casual que a finales de 2010, dos años antes de que estallara 'Emperador', comenzara a difundirse en determinados foros vinculados a la inteligencia una teoría llamada 'China, economía parasitaria'.

La tesis era que el modelo chino de expansión, en el que se crean empresas en terceros países que contratan a sus compatriotas para vender sus productos o servicios, no revertía de forma proporcional en el crecimiento nacional, ya que parte de las divisas generadas en España regresaban al gigante asiático.

Al mismo tiempo, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación en febrero de 2009 para rastrear el 'modus operandi' de los mayores importadores chinos. De esta búsqueda prospectiva aparecieron dos nombres, los empresarios Dong Feng y Gao Ping. Este último un prolífico hombre de negocios, de aspecto impoluto y dueño de una fundación cultural, que se codeaba con ministros o se fotografiaba con el rey Juan Carlos.

Los fiscales Grinda y Rosa bucearon en la base de datos de la Agencia Tributaria a raíz de unas diligencias previas abiertas en 2010 por un juzgado ordinario de Madrid. Según documentos incluidos en el sumario, llegaron a rastrear 16 procedimientos distintos sobre ciudadanos chinos que se tramitaban en Valencia, tratando de localizar conexiones con los dos investigados. Pero no hubo resultado.

De forma paralela, la búsqueda de «parásitos» se extendió a Francia, Italia y Grecia mediante la colaboración de sus servicios secretos. En España, la insistencia de Grinda llevó a varios juzgados de Valencia, Guadalajara o Madrid a abrir diligencias previas y cerrarlas entre marzo de 2010 y febrero de 2012. Un tiempo aprovechado para engordar las fuentes de prueba.

Sin embargo, el nexo definitivo llegó en un suceso rocambolesco. Un juzgado de Sigüenza (Guadalajara) investigaba el robo de una furgoneta en la A-2. Era la madrugada del 19 de septiembre de 2009 cuando seis encapuchados armados interceptaron el vehículo y se llevaron el botín. Sus dos ocupantes chinos denunciaron la sustracción de 35.000 euros en género y 5.000 más en metálico. Pero un mes después elevaron la cantidad a más de un millón de euros. Dos de los detenidos callaron, pero en 2010 decidieron colaborar a cambio de su excarcelación.

Los confidentes desmenuzaron los negocios de Gao Ping y de otros empresarios chinos. Relataron la salida de grandes cantidades de dinero; del particular sistema de transferencia alejado del control bancario: por carretera o en avión a través de 'mulas' o correos humanos. Y mencionaron el uso de la extorsión para resolver deudas, mantener el control del juego o de la prostitución. Había nacido el 'caso Emperador' contra la «economía parasitaria» china.