La DGT, multada por no verificar el radar que más sancionó en 2017

Curiosamente, este cinemómetro logró en el año 2017 el récord de ser el radar más activo de toda España, con 55.119 denuncias formuladas. El radar que más multas pone de España en 2020 se encuentra situado en el kilómetro 478,1 de la AP-7 en Sagunto (Valencia), en el área de servicio, aparato que denunció a 59.428 conductores durante el pasado año (un 1.300 por ciento más que en 2018)

Los hechos ahora sentenciados se iniciaron tras una denuncia formulada el pasado año por el radar que la DGT tiene situado en el km. 59,2 de la N-VI. Sin embargo, ahora la justicia ha estimado íntegramente los argumentos jurídicos de los abogados de la Asociación de Conductores en defensa de uno de sus miembros al cuestionar la medición efectuada por un radar del que no constaba «el correcto estado del soporte del mismo». consecuentemente se ha anulado la sanción de 300 € y la detracción de 2 puntos, con expresa imposición de 400 € de costas.

Según se recoge la sentencia, en la Orden ITC (3123/2010) se regula la verificación periódica, no sólo de los propios aparatos cinemómetros, «sino también de las cabinas que constituyen su alojamiento, soporte o protección, como deriva del artículo 12 de la misma Orden«. sin embargo en el expediente administrativo solicitado para realizar el recurso a la multa por exceso de velocidad «no consta ningún certificado o documento que garantice la obligatoria verificación de la cabina».

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, «este nuevo éxito jurídico vuelve a poner de manifiesto la necesidad de tener un buen asesoramiento especializado por parte de expertos en derecho de la circulación y no de meros tramitadores de multas, frente a actuaciones arbitrarias de la Administración«.

Según los últimos datos facilitados por su director general en una reciente comparecencia ante la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, la DGT dispone en la actualidad de 2.300 radares, que se incrementarán en 75 más el año que viene. Durante 2019 se formularon 4,6 millones denuncias, con una recaudación próxima a los 500 millones de euros.