Señalan a España como vía de acceso de gas refrigerante ilegal

En el año 2015 entró en vigor el reglamento F-Gas, a fin de garantizar una competencia justa entre los sectores clave de la economía, combatir el cambio climático y lograr la transición hacia una economía más sostenible, en línea con los objetivos marcados en el Pacto Verde Europeo. Con este reglamento, la UE se ha marcado como objetivo la eliminación paulatina de los HFC, que cuentan con un alto Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), reduciendo el 79% de su consumo para 2030, respecto a los niveles de 2012. Dicha reducción implica la disminución gradual de las importaciones de estos gases y el establecimiento de un sistema de cuotas con el que controlar su entrada a Europa.

Sin embargo, bajo esta coyuntura, se ha originado un creciente mercado negro de HFC, con el que se introducen en España gases refrigerantes importados ilegalmente a través de distintas vías. Una actividad que evade la legislación europea y española por la falta de seguimiento y control en las aduanas, las bajas sanciones y la discordancia entre los estados miembros con respecto a las multas a imponer a las organizaciones criminales. Tal y como explica el teniente Héctor Santed, de la Unidad Central Operativa Medio Ambiental del Seprona (UCOMA), además de introducirse gas ilegal directamente desde China a través de los puertos de la región del sur y el Levante, «en España está entrando también gas procedente de Europa. La ruta es de China a Rusia, de Rusia a los países del Este que lindan con Rusia y de los países del Este al resto de países europeos. El gas no solo entra a través de nuestros puertos, sino que además lo traen por carretera para ser consumido en el país. Estos son los dos modus operandi que hemos detectado, de acuerdo con lo que hemos observado en nuestras investigaciones».

Un mercado negro que está impactando económicamente en toda la cadena de valor, «incluidas las pequeñas y medianas empresas, que han perdido ya alrededor del 80% de su negocio», afirma Murli Sukhwani, director general para EMEA FluoroChemicals de Chemours y presidente del área de Investigación y Datos del EFCTC. «El impacto afecta a toda la cadena de valor, desde los fabricantes, a los que les resta recursos; pasando por los instaladores, porque sufren competencia desleal; hasta el usuario final, que debe preocuparse de que la instalación y el producto que utilizan sean de garantía, cosa que no está pasando en muchos casos», señala Diego García, director general de Kimikal.