El sector del automóvil y ONGs piden a gobierno medidas para acelerar la electromovilidad

Entre las medidas que exponen, piden la coordinación de los diferentes ministerios implicados en los diferentes segmentos de la cadena de producción del automóvil para «conservar el empleo y la capacidad de fabricación en España».

Además, consideran imprescindible reformar la fiscalidad de los vehículos eléctricos a través de medidas, como, por ejemplo, aquellas dirigidas al canal empresa, y las ayudas y subvenciones a la compra de vehículos eléctricos, teniendo en cuenta criterios ambientales, para que sean recibidas por el consumidor y empresas de forma «directa, sencilla y previsible».

En esta dirección, abogan por un plan nacional de infraestructura de recarga que aborde los problemas específicos de la industria en España, sobre todo, lo ligado a la baja densidad de población en la España rural y el reto del acceso a la recarga. Por ello, solicitan crear un Centro Estatal para el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos encargado de la coordinación y la gobernanza.

En definitiva, lo que se defiende es la conformación de una hoja de ruta para el sector de la automoción hasta 2025 después de que en octubre de 2022, la Unión Europea (UE) anunciara el cese de ventas de los vehículos de combustión a partir de 2035.

«Una decisión que no debe percibirse como un riesgo sino como una oportunidad», ha remarcado el sector en la misiva.

Para las entidades promotoras de esta iniciativa, los esfuerzos para mejorar la infraestructura de recarga deben ir encaminados a agilizar los trámites para la instalación de cargadores públicos. Proponen, además, un sistema de «ventanilla única» y un plan similar al de Alemania o Gran Bretaña, haciendo hincapié en el diseño de soluciones para las zonas de baja densidad de población, así como a la población urbana sin plaza privada de aparcamiento.

Finalmente, estas asociaciones empresariales del sector de la automoción y las organizaciones ambientales coinciden en que promover la movilidad eléctrica significa garantizar el trabajo actual y futuro de calidad y los nuevos empleos asociados a toda la cadena de valor.

El sector del automóvil supone para España cerca del 10% del PIB y del 9% del empleo, con un 87% de la producción dedicado a la exportación, siendo además el segundo país europeo en cuanto a producción de automóviles se refiere.

No obstante este dato contrasta con la decimonovena plaza (de los 27 países europeos) que ocupó España en el año 2023 en cuanto a porcentaje de matriculaciones de vehículos eléctricos.

España se ha fijado como objetivo ser líder en la electromovilidad y con ese fin se marcó unos objetivos respecto al número de vehículos eléctricos, algo más de 5,5 millones en 2030, acorde a la última revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Para alcanzar estos objetivos, la carta contempla medidas fiscales que faciliten la adopción de estas nuevas tecnologías de la movilidad poniendo como ejemplo Portugal y se pide ayudas al consumidor para que se noten los objetivos «de forma directa e inmediata».

En cuanto a la infraestructura de recarga, se valora la posibilidad de la creación de una «ventanilla única» y un plan maestro similar al de Alemania o Gran Bretaña para llegar a los objetivos previstos.