El coche eléctrico, aún minoritario y con incentivos farragosos

La oferta de modelos se ha disparado, de poco más de 80 en 2018 a más de 200 en la actualidad. Buena parte de las fábricas españolas, como las de Stellantis en Vigo, Madrid y Zaragoza; o la de Mercedes en Vitoria, ya los producen. Además, las plantas de Seat en Martorell y Volkswagen en Pamplona, están pendientes de recibir, el próximo diciembre, la adjudicación de los eléctricos pequeños del grupo alemán, en un proyecto respaldado con fondos europeos que llevaría además aparejada la instalación de una fábrica de baterías, clave para la producción de electricos a gran escala en territorio nacional.

Por ahora el consumidor prefiere optar por otro tipo de alternativas, como los híbridos o los enchufables (las ventas de los primeros son diez veces mayores y los segundos han crecido un 67 por ciento en octubre) debido especialmente a a la falta de puntos de recarga. De los más de 100.000 que el Gobierno considera necesarios en 2023, apenas hay instalados unos 20.000. España se sitúa, además, entre los países europeos con menos infraestructura se carga rápida instalada, y sigue sin estar habilitado un sistema que permita la interoperabilidad entre las estaciones de diferentes operadores, complicando el proceso.

Otro hándicap es su mayor precio, que se compensa con un coste de repostaje y mantenimiento inferior. El Gobierno ha buscado incentivar la instalación de puntos de carga y compensar el mayor coste inicial de los coches eléctricos e híbridos enchufables mediante programas de ayuda, en especial el denominado Plan Moves, arrinconado a cambio los incentivos a los coches convencionales. Un plan que, pese a ser bien valorado por los fabricantes, sufre de limitaciones prácticas.

En su tercera edición, el Moves está dotado con 400 millones de euros, ampliables a otros 800. Las ayudas, de hasta 7.000 euros para turismos y 9.000 para vehículos comerciales facilitan adquirir un vehículo con etiqueta Cero emisiones, pero los compradores se quejan de los farragoso procedimientos y los elevados tiempos de espera para recibir la subvención, que en muchos casos superan el año, y por la que posteriormente hay que tributar. Además, el reparto territorial de los fondos ha creado numerosos problemas, que no han logrado solventarse en esta edición pese al incremento de las cuantías. Un ejemplo: en Madrid apenas bastó un mes para que se agotarán los fondos para instalar un punto de carga, pese a que la partida estaba previsto que durara tres años, generando un cuello de botella a la espera de que se asignen nuevos fondos. «Necesitamos más apoyo», se lamenta una compradora, que ha sido puesta a la espera de que la dotación se amplíe con nuevos fondos.