En 2025 será obligatorio un punto de recarga cada 60 km

De este modo, los gobiernos nacionales deberán asegurar que a más tardar el 31 de diciembre de 2025 habrá puntos de carga cada 60 kilómetros en la red prioritaria con una potencia al menos 400 kW y de al menos 150kW en su punto de salida individual.

De cara al 31 de marzo de 2027, los objetivos se elevarán a una potencia de 600wW mientras que los puntos de salida individual de al menos 150kW pasarán de uno a al menos dos.

Esto supone un importante reto para países como España, donde según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), actualmente existen 698 puntos de recarga de acceso público de alta potencia, pero se precisa en 2023 del funcionamiento de 3.513 si se quiere lograr la meta anual que establece el Fit for 55.

A cierre de 2022, de los 18.128 puntos de recarga de acceso público que tenía España, sólo el 3,8 % eran de recarga de alta potencia (≥ 150 kW). Desde ANFAC se advierte de que España debería multiplicar por cinco su red de carga de alta potencia por ser fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera, permitiendo tiempos de carga de entre 15 y 27 minutos.

Para José López-Tafall, director general de ANFAC, «los objetivos establecidos por la Unión Europea no se cumplen solo con el esfuerzo del sector, sino que precisan de un gran esfuerzo por parte del resto de los actores un compromiso del Gobierno y de las Administraciones para poder llevar a cabo la transformación de la movilidad, y en paralelo, mantener el peso de empleo e industria que la automoción supone. La industria de la automoción está liderando la descarbonización y ya está poniendo en el mercado una amplia oferta de vehículos electrificados. Sin embargo, nos enfrentamos a unos, cada vez más, exigentes objetivos en materia de reducción de emisiones y, por lo tanto, es necesario establecer herramientas a la altura de esas ambiciones. El desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público es esencial para el despliegue del vehículo electrificado. Pero, de igual manera, no podemos olvidar que incentivar el mercado de electrificados es de igual de necesario para que se avance en la red de recarga pública».

Más en detalle, el acuerdo de la Unión Europea prevé que se instalen puntos de recarga rápida de al menos 150 kW para turismos y furgonetas cada 60 km a lo largo de los principales corredores de transporte de la UE antes de que empiece 2026.

También deberá haber estaciones de recarga para vehículos pesados con una potencia mínima de 350 kW cada 60 km a lo largo de la red principal de la RTE-T y cada 100 km en la red integral de la RTE-T a partir de 2025 en adelante, con una cobertura de red completa para 2030.

Las estaciones de repostaje de hidrógeno que sirvan tanto a automóviles como a camiones deberán desplegarse a partir de 2030 en todos los nodos urbanos y cada 200 km a lo largo de la red básica de la RTE-T. Los usuarios deberán, además, poder pagar fácilmente en los puntos de carga o repostaje con tarjeta o dispositivos sin contacto, sin necesidad de suscripción y con total transparencia sobre los pagos.

Por otra parte, los puertos marítimos que reciban un número mínimo de grandes buques de pasajeros o portacontenedores deben proporcionar electricidad en tierra para dichos buques a más tardar al inicio de 2030.

«La nueva ley es un hito de nuestra política 'Fit for 55' que proporciona una mayor capacidad de recarga pública en las calles de las ciudades y en las autopistas de toda Europa. Somos optimistas de que, en un futuro próximo, los ciudadanos podrán cargar sus coches eléctricos tan fácilmente como lo hacen hoy en las gasolineras tradicionales«, ha declarado la ministra de Transporte y Movilidad, Raquel Sánchez, que este semestre asume la presidencia rotatoria de las reuniones ministeriales del ramo en la UE.

Tras la adopción formal, el nuevo reglamento se publicará en el Diario Oficial de la UE después del verano y entrará en vigor el vigésimo día después de esta publicación. Las nuevas normas se aplicarán a partir de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del reglamento.