Patxi Fernández
Jueves, 16 de noviembre 2023, 18:29
Tras la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, las principales asociaciones y patronales del sector de la automoción ha expresado la necesidad de que el nuevo ejecutivo tome medidas efectivas para proteger el sector. Tanto fabricantes como concesionarios y distribuidores consideran prioritario la ... adopción de medidas urgentes que permitan que España no pierda posiciones a nivel europeo y mundial como productor de vehículos, al tiempo que defienden que se debe potenciar la promoción de vehículos eléctricos.
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Así, el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM), Raúl Palacios, solicita el desarrollo de una política eficaz en materia de descarbonización que, sin comprometer el futuro de un sector económico estratégico como es la automoción, garantice el rejuvenecimiento del parque y facilite al acceso de la ciudadanía a la movilidad cero y bajas emisiones.
De esta forma, el máximo dirigente de la patronal española de la distribución de vehículos aprovechó para ponerse a disposición del nuevo Gobierno, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una estrategia de rejuvenecimiento del parque que «no repita los errores de los Renoves pasados».
En este sentido, recordó la necesidad de poner en marcha planes de rejuvenecimiento para facilitar a todas las rentas el acceso a un vehículo eficiente y apoyando todas las tecnologías de última generación «para crear un clima de complicidad con el ciudadano que disipe la incertidumbre tecnológica que hoy frena las ventas».
Además, desde el punto de vista de Ganvam, también resulta básica una revisión de la gestión de los incentivos. En concreto, aboga por un plan de gestión única a nivel nacional que facilite al ciudadano la recepción de la ayuda, al estilo del procedimiento seguido con los «cheques bebé».
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Palacios también solicita al Gobierno entrante la creación de la figura de la Secretaría de Estado de Automoción, órgano de perfil técnico capaz de actuar como instrumento de regulación para evitar situaciones de desequilibrio entre fabricantes y distribuidores.
Por su parte la patronal de los concesionarios, Faconauto, ha propuesto que las políticas que se apliquen durante su presidencia deberían tener como uno de sus ejes esenciales diseñar planes concretos y ambiciosos para impulsar la electrificación del parque y una movilidad sostenible para todos.
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Faconauto ha trasladado la necesidad de que el Gobierno siga apoyando a la automoción española mediante medidas estructurales, como abordar la fiscalidad, que mantengan su competitividad, tanto de la parte industrial como de la distribución y reparación, en un momento en el que se está dirimiendo su futuro desarrollo en pleno proceso de descarbonización de la movilidad.
Específicamente, la actividad de los concesionarios representa el 2,7% del PIB, con una facturación anual de 35.000 millones de euros y más de 600.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos distribuidos por toda España.
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Desde esta asociación consideran que el año 2024 será clave para la transición hacia un parque más sostenible y descarbonizado, por lo que se pone a su disposición para que las iniciativas que tome el nuevo Gobierno sean trabajadas con los agentes de la cadena de valor de la automoción. Para ello, ha propuesto la creación de un Grupo para la Coordinación y el Impulso del Vehículo Eléctrico en España, dependiente directamente de presidencia del Gobierno y con un carácter eminentemente técnico, de tal forma que sea capaz de generar propuestas realistas que puedan ser llevadas a nivel ejecutivo y legislativo.
Por otra parte, desde desde la Asociación de Fabricantes ANFAC esperan que el nombramiento del nuevo Gobierno permita poner en marcha de modo urgente «nuevas medidas importantes y superar la actual situación de interinidad». En un comunicado expresan que «en estos meses la carrera mundial por atraer las inversiones de la movilidad del futuro se ha intensificado, y España, como segundo productor mundial y octavo europeo, debe responder a ese reto. El sector de la automoción, como ha reconocido el gobierno con su PERTE VEC, es prioritario para España por aportar valor añadido y dar un empleo de calidad a 2 millones de personas en todo su ecosistema».
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En este sentido, desde ANFAC explican que para atraer las inversiones de futuro «es necesario recuperar el mercado: en 2023 vamos a cerrar otro año por debajo del millón de unidades. España, como cuarta economía de la UE, debe superar la barrera del millón de matriculaciones anuales».
También es prioritario para ANFAC es que el nuevo Gobierno mejore las ayudas a las empresas para optar por la descarbonización. «En España no existen prácticamente ayudas fiscales a las empresas que adquieren vehículos eléctricos. El ejemplo de una fiscalidad positiva para las empresas lo tenemos en Portugal donde, entre otras medidas, las empresas que optan por vehículos electrificados pueden deducir el 100% del IVA», explican.
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Defienden también un reforzamiento de la actual política industrial del sector, y reforzar la autonomía estratégica respecto de nuestros competidores, europeos y no europeos. «Es importante que el esfuerzo realizado en la pasada legislatura se consolide en la nueva, manteniendo los modelo vía PERTE pero, también, diseñando con enfoque industrial nuevas políticas para lograr las nuevas ventajas competitivas, como la economía circular o una energía renovable baja en coste también para nuestra industria».
Por último, consideran que el Gobierno «no debe dejar atrás al transporte por carretera de personas y mercancías». Según las cifras que barajan desde esta organización «el 92% de las mercancías se mueven en camión. Los fabricantes de vehículos pesados y de autobuses ya tienen en su gama vehículos electrificados. Sin embargo, en España hoy no existe infraestructura pública de recarga de alta potencia para que se puedan realizar trayectos entre Madrid y Barcelona».
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Por ello consideran incentivar a través de la fiscalidad a las empresas del sector del transporte para que renueven sus flotas de vehículos por otras de bajas y cero emisiones. Una renovación que ha de ir en paralelo a la consecución de una normativa coordinada en materia de restricciones de circulación tanto a nivel de CCAA como europeo.
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