La UE pide la suspensión de la reforma judicial rumana, que considera «una involución»

La síntesis del análisis que realizaba ayer Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, es, en realidad, un 'llueve sobre mojado' de manual. El país del Este, al igual que Bulgaria, se encuentra sometido desde su adhesión en 2007 al llamado Mecanismo de Cooperación y Verificación, que vigila que ambos están cumpliendo con los estándares homologados de respeto a los derechos y libertades comunes. Y sí, Bulgaria camina hacia adelante. Pero -citando de nuevo a Timmermans- «en este maratón» la UE detecta que el otro corredor, Rumanía, «en los últimos metros, haya empezado a correr al revés».

Bruselas lo tiene claro: o se corrige el rumbo, o se iniciará el procedimiento para la activación del artículo 7 (el mismo que ya pesa sobre Hungría o Polonia) que dejaría a este Estado miembro sin derecho a voto en los foros comunitarios. Y la Comisión no está sola. Porque 473 votos de la Eurocámara permitieron sacar adelante ayer una declaración en la que se denuncia que las reformas de Bucarest pueden «minar» la independencia judicial y denotan laxitud contra la corrupción.