Trescientos médicos y sanitarios de Italia denuncian la vacunación obligatoria

De lo que se trata es de evitar conflictos mayores, como el que estos días sacude Italia, donde trescientos profesionales de la Sanidad han pedido a los tribunales que derogue la obligación del personal médico y sanitario de vacunarse contra la covid-19. Rechazada por numerosos gobiernos, entre ellos casi todos los de la UE y EE UU, Italia abogó en abril por seguir con este suero el mismo camino que con otros –por ejemplo, el de la poliomielitis o la hepatitis B–, que en bastantes lugares son obligatorios para los empleados de la Sanidad.

El recurso se ha presentado ante el Tribunal Administrativo de Brescia, en representación del personal sanitario que ejerce en la región lombarda, Cremona, Bérgamo y Mantua. La norma implica que los profesionales en contacto con los ciudadanos o los enfermos –incluido el personal de farmacia– deben estar inmunizados o, en caso contrario, ser destinados a otros puestos. También se contempla la suspensión de empleo en las situaciones más extremas. La audiencia judicial se celebrará el 14 de julio.

«No es una batalla de los no-Vax (los opositores a las vacunas), sino una batalla democrática. Se obliga a las personas a correr un riesgo so pena de no poder ejercer su profesión», explicó a 'Il Giornale di Brescia' el abogado Daniele Granara, autor del procedimiento y que también ha defendido a decenas de sanitarios apartados por negarse a vacunarse.

En realidad, los médicos, enfermeros o farmacéuticos italianos no han tenido demasiados reparos a la hora de administrarse el suero. Los datos más recientes señalan que de 1,9 millones de trabajadores del sector sanitario, sólo 45.750 se encuentran sin vacunar. Este colectivo, junto con los profesores y las personas mayores o vulnerables, es el que más pronto se sumó a la campaña de inmunización.

En Francia, en cambio, la situación es diferente. El grado de vacunación en el personal médico y de atención a la tercera edad oscila del 54% al 67%, lejos aún de lo que se considera suficiente para garantizar una protección general. Y al Gobierno le preocupan las predicciones de los virólogos que no descartan una nueva oleada el próximo mes ni una cadena de rebrotes en otoño.

En cualquier caso, el debate viene de lejos. En su día, Holanda sopesó prohibir el acceso a las guarderías de los niños que no habían recibido vacunas básicas como la del sarampión. El pasado abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos, e incluso podrían considerarse necesarias.

Pero quien viene ahora a añadir más fuerza al debate es Tayikistán que desde ayer impone el suero contra la covid-19 a todos «los ciudadanos mayores de 18 años». El país centroasiático inició la campaña a finales de junio con dos marcas, AstraZeneca y CoronaVac, y su intención es inmunizar a la mayoría de sus nueve millones de habitantes contra las nuevas variantes del virus. Desde el inicio de la pandemia ha registrado 13.548 contagios y 92 fallecimientos.