Bruselas emplaza a España a simplificar los incentivos a la contratación para acabar con la alta temporalidad

«Las barreras a la movilidad laboral reducen las oportunidades para los demandantes de empleo y dificultan su asignación eficiente en las distintas zonas del país», se apunta además en el informe. La Comisión Europea emplaza así a España a «garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo», además de «favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación». Una acción política de refuerzo social que une a otras como la mejora del apoyo a las familias, reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo y «subsanar las carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima».

Toque de atención también a los niveles de abandono escolar y a unos resultados educativos que presentan importantes disparidades dependiendo de las autonomías. Y siguiendo ese hilo argumental, se pide a España que «incremente» la cooperación entre los sectores educativo y empresarial «con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación».

El informe deja claro también que Bruselas advierte un déficit en lo que se refiere al «fomento de la innovación, la eficiencia energética y en el uso de los recursos» por lo que sugiere a Madrid que les dé prioridad en su acción política, además de sugerirle que invierta en mejorar las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías así como en la ampliación de las interconexiones eléctricas con el resto de la UE, «con el objetivo de mejorar al menos un 10 % su capacidad instalada de producción de aquí a 2020».

El Consejo de la UE, siguiendo las recomendaciones del Ejecutivo comunitario, y utilizando como base el Programa Nacional de Reformas y el de Estabilidad de 2019, vuelve a hacer hincapié en la necesidad de que España avance en la corrección de sus desequilibrios macroeconómicos. Aquí la lupa vuelve a situarse sobre el alto nivel de endeudamiento (tanto público como privado) y en la alta tasa de desempleo (13,6%). Y para ello se subraya la necesidad de que, una vez derogado el procedimiento por déficit excesivo que colocó al país bajo la atenta vigilancia de Bruselas durante una década, Madrid cumpla con los márgenes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El contexto es este: el saldo de las Administraciones Públicas pasará del -2,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 al -2 % este año con el reto a la neutralidad, al equilibrio, en 2022. El ratio de deuda pública bajaría del 97,1 % del pasado ejercicio al 95,8 % el actual, antes de situarse en el 88,7 % dentro de tres años. «Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles», refuerza la Comisión, aunque también advierte de que existen riesgos y que estos están relacionados sobre todo con «la incertidumbre sobre la recaudación o a las posibilidades de adopción de otras medidas para obtener ingresos». Sea como fuere, España estaría obligada a salirse de unos márgenes muy concretos.

Así el gasto público nominal no debería exceder el 0,9 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, lo que se traduciría en alrededor de 5.000 millones de euros entre este ejercicio y el próximo. Bruselas insiste también en que el Ejecutivo de Madrid debería «tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno, además de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones». Y destinar los ingresos extraordinarios «a acelerar la reducción de la deuda pública».