El rostro de la desconexión

Félix Benito, empresario

Desde que Félix Benito montó su empresa en Londres, hace casi cuatro décadas, nunca antes habían tenido que enfrentarse a una tormenta así. «Hemos pasado muchas crisis, pero, indudablemente, esta es la peor», explica este salmantino, que llegó a Reino Unido en 1978 de la mano de una esposa inglesa que tenía nostalgia de su tierra. Emprendedor nato, siete años después estaba importando millones de botellas de cava para satisfacer el recién descubierto apetito de los británicos por el elixir catalán. «El cava me dio fuerza económica», y de ahí pasó a otros productos.

Desde 2016, su empresa, C&D Wines, en la que trabajan una veintena de personas, ha perdido un 40% de negocio y Félix no oculta su preocupación: «Políticamente es un desastre, pero económicamente, para los que vivimos del comercio, es fatal». Sufrieron primero la caída en picado de la libra, víctima del pánico de los mercados, y luego el cierre de muchos restaurantes españoles, sus principales clientes. «Como ahora ya no vienen tantos españoles, se nota que hay menos negocio».

La burocracia, además, «se ha multiplicado por diez». Ya sufren retrasos en la llegada de la mercancía por la acumulación de envíos en los puertos, a lo que se suma la confusión sobre los trámites que deben realizar. «Están cambiando constantemente, los políticos nos dicen mentiras y los pobres funcionarios no saben qué hacer». Félix está convencido de que sobrevivirán, aunque con un alto coste. Transporte, trámites de aduanas y exportadores subirán los precios porque «todo el mundo va a tener que hacer más papeleo, y eso cuesta». Pero los peor parados serán los ingleses: «Han sacrificado la economía y el bienestar de la gente por una idea que está ahí en las nubes, es una ideología tonta. Hoy en día no se puede ser completamente autónomo o independiente».

Olaya de la Iglesia, fisio

Es difícil estar más integrada en la sociedad inglesa de lo que lo estaba Olaya de la Iglesia. Casada con un inglés, con dos niños británicos y un amplio círculo de amistades que acumuló en sus 19 años de residencia en Reino Unido. Trabajaba como fisioterapeuta para el NHS, la sanidad pública en Norfolk, una zona rural del este de Inglaterra, y visitaba a los pacientes en sus casas y en residencias. Esa inmersión social le permitió percibir el caldo de cultivo del que surgió el 'brexit' mucho antes del referéndum de 2016.

Desde entonces, comenzó a tener pacientes que le empezaban a gritar porque «decían que no hablaba inglés decentemente», relata Olaya, que cambia la conversación al inglés para demostrar que es difícil distinguir su acento del de un británico. Lo que más le dolió a la asturiana, sin embargo, fue la falta de apoyo de sus superiores o sus compañeros de trabajo. «El 8 febrero de 2017 votaron en el Parlamento no proteger los derechos de los comunitarios. A la mañana siguiente yo estaba en una reunión con más de treinta personas y ninguna se me acercó para ver si me encontraba bien», recuerda con tristeza. Su jefe le prohibió hablar del 'brexit' en el trabajo. Acabó tomando una baja por ansiedad. En 2018, la familia decidió mudarse a España.

«Fue una decisión muy difícil, pero yo allí ya no me podía quedar porque me sentía incómoda en mi piel, incómoda cada vez que hablaba por si me notaban el acento,», explica por teléfono. Olaya reconoce que su experiencia habría sido muy distinta si hubiera vivido en Londres o Escocia y no en una de las regiones que más votó a favor del 'brexit', y usa una amarga metáfora que explica bien el desengaño: «Es como si te hubieras casado con alguien y un día descubres que esa persona no es para nada lo que pensabas. Te sientes vulnerable, muy dolida, como que has perdido tu tiempo».

Paco G. A., enfermero

En los seis años que Paco G. A. lleva en Edimburgo jamás ha sentido xenofobia o discriminación por ser comunitario. «Algún anciano con demencia, pero es anecdótico», confirma por teléfono este enfermero murciano. Escocia votó de forma masiva en contra del 'brexit', pero Paco ha empezado ya a sufrir sus consecuencias. Quería empezar los estudios de doctorado, que han quintuplicado su precio.

Los estudiantes de la UE, que hasta ahora pagaban las mismas tasas universitarias que los británicos, pasan ahora a ser considerados alumnos internacionales. De las 2.164 libras anuales que pagarían antes del 'brexit' por el curso que quiere hacer Paco, el precio ascendería ahora a 10.575. El Gobierno asegura que los continentales que han regularizado su situación antes del 'brexit' mantendrán los mismos derechos que los británicos pero, ante las dudas, Paco ha arrojado la toalla. «Un doctorado a tiempo parcial son cinco o seis años y nadie nos dice que en ese tiempo no cambien su política. Es mucha incertidumbre para meterse en una inversión tan exigente en tiempo y dinero».

A Paco, de 51 años, Reino Unido le ha brindado, sin embargo, oportunidades profesionales que nunca se había planteado en España. Llegó a las islas con su familia a la sombra de la crisis económica. No piensa volver a España, «donde no es nada fácil empezar en enfermería, aunque tengas muchos años de experiencia». Trabajo no parece que le vaya a faltar: «Desde que empezó lo del 'brexit', el número de enfermeros que venían de España ha caído en más de un 90%, pero solo en Inglaterra hay 40.000 plazas sin cubrir».

María Martínez, consultora

El caso de María Martínez viene a demostrar que las garantías que el Gobierno británico ha dado a los ciudadanos de la eurozona residentes en Reino Unido no siempre se cumplen. Que los errores existen y tienen consecuencias, alimentados además por lo que se conoce como un «ambiente hostil». Esta murciana, que llegó a Liverpool en 2008 y está casada con un británico, explica su experiencia con una expresión muy inglesa: «Ha sido como si nos quitaran la alfombra de debajo de los pies, la alfombra por la que tú caminas y te planificas la vida». María es una de los más de cuatro millones de ciudadanos comunitarios que han recibido el estatus de residente a través del 'EU Settlement Scheme'. Este registro, que el Gobierno introdujo en 2019, es digital. Si un empleador, funcionario o casero quiere asegurarse de que tienes derecho a vivir en el país, debe acceder a una web y comprobarlo. El trámite es sencillo, pero se pueden producir errores.

«Intenté pedir unas ayudas que conceden para el cuidado de los niños y todo estaba congelado porque no encontraban mi certificado», denuncia. En la universidad y en el colegio en el que había empezado a trabajar también se lo pidieron. Como no conseguían acceder a él, «me exigían que probara los últimos diez años de mi existencia aquí, día por día, con una serie de documentos que yo no guardaba». La consecuencia: no pudo hacer el máster y tuvo que dejar el trabajo. Esas trabas acabaron con las ilusiones de María y su familia y, a finales de noviembre, hicieron las maletas con destino a España. «Había perdido las ganas de luchar -confiesa-. Te sientes ciudadana de segunda».