May regresa a Bruselas antes de una cumbre sobre el 'brexit' marcada por Gibraltar pero con final feliz

El viernes, desde La Habana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez aseguraba que todavía no cuenta con las «garantías» suficientes sobre el papel decisorio de su país en la futura relación entre el bloque y Gibraltar, un derecho a veto de facto que le otorgaron sus socios en 2017.

«Si no hay acuerdo» en ese principio, que España quiere que forme parte de los textos del divorcio, «lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre», advirtió Sánchez, recrudeciendo la ofensiva lanzada por un país tradicionalmente alineado con la Comisión Europea.

Para evitar ese escenario, los contactos continuaron entre la Comisión y Madrid. Una conversación telefónica entre el polaco Donald Tusk, presidente del Consejo de Europa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preludió a la marcha atrás del Ejecutivo español, que retiró su veto y anunció que sí acudirá a la cumbre del domingo en la que se escenificará un acuerdo entre Europa y el Reino Unido, pendiente aún de la ratificación por parte de un Parlamento británico muy dividido.

Una fuente europea reconocía antes de la fumata blanca anunciada por Sánchez que se trata «de una cuestión política, no jurídica» y considera un «verdadero problema» para los 27 socios de Reino Unido que un «gran país como España se disociara el domingo de la aprobación del acuerdo de divorcio», que abre la vía a su ratificación.

Tras hallar una solución para evitar una frontera para bienes en la isla de Irlanda, Gibraltar, un territorio británico desde 1713 situado en el extremo sur de la península ibérica y cuya soberanía reclama Madrid, se convirtió en el último escollo por solventar en la negociación.

El tiempo apremiaba. Reino Unido pone fin a más de cuatro décadas de pertenencia al proyecto europeo el próximo 29 de marzo y, para entonces, ambas partes deben haber finalizado la ratificación del tratado de retirada para alejar así los temidos nubarrones de un divorcio sin acuerdo.

La 'premier' británica logró el 14 de noviembre el aval de su gobierno al texto negociado durante 17 meses con Bruselas, por el que dimitieron varios de sus ministros, y aún debe lograr una mayoría en un parlamento británico, donde el malestar cunde entre sus propias filas y en la oposición.

«Si nos fuéramos de la UE sin un acuerdo, no tengo ninguna duda de que las consecuencias para la economía británica serían muy graves (...) y muy negativas para los puestos de trabajo», advirtió en la BBC el ministro británico de Finanzas, Philip Hammond, defendiendo el acuerdo negociado.

En este contexto, Theresa May viaja este sábado a Bruselas para seguir las conversaciones con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, encargado de presidir la cumbre.

Una fuente diplomática europea aseguró que este sábado «ya no se trata de negociar nada». Esta última visita, después de la realizada por la dirigente británica el miércoles, es para «ajustar juntos los mensajes políticos que se darán públicamente el domingo», agregó.

A expensas de la cuestión de Gibraltar, la UE y Reino Unido se encaminan a ultimar el primer divorcio con un país miembro en la historia del proyecto europeo tras resolver cuestiones como los derechos de los ciudadanos a ambos lados del Canal de la Mancha o la factura que debe abonar Londres.

A partir del 29 de marzo, ambas partes deberán negociar un ambicioso acuerdo comercial durante un período de transición previsto como máximo hasta finales de 2022, y durante el cual Reino Unido seguirá manteniendo el 'statu quo' actual pero sin participar en la toma de decisiones en la UE.